Se ha vuelto un cuento de nunca acabar, al contrario, cada vez crece más el malestar de la ciudadanía por el mal servicio y los altos costos de la aerolínea Avianca, la única empresa que brinda transporte aéreo en Valledupar.
Se ha vuelto un cuento de nunca acabar, al contrario, cada vez crece más el malestar de la ciudadanía por el mal servicio y los altos costos de la aerolínea Avianca, la única empresa que brinda transporte aéreo en Valledupar.
Durante los últimos años los habitantes de la región hemos convivido con un mal que pareciera volverse eterno y, lo más grave aún, por el momento no se vislumbra solución alguna, situación que ya no solo genera inconformidad, preocupación e impotencia ciudadana, sino que da al traste con cualquier iniciativa empresarial en Valledupar que dependa del flujo de transporte aéreo hacia y desde Bogotá o cualquier otra ciudad de Colombia.
Las quejas ciudadanas son las mismas desde hace más de cinco años: altos costos, poca oferta, abusos en la programación de tiquetes aéreos, incumplimiento de horarios y pocas alternativas para los imprevistos de los pasajeros.
La gente habla de abusos y atropellos de Avianca, con el agravante de que no hay una entidad a la que se pueda acudir para que le ayude a solucionar de manera rápida y efectiva cualquier inconveniente surgido con esta aerolínea que tiene monopolizado el servicio en Valledupar, actúa a placeres porque no tiene competencia alguna.
El mayor abuso de Avianca se presenta al momento de fijar las tarifas de los pasajes, mientras que el valor de un tiquete aéreo entre Barranquilla-Bogotá y viceversa oscila entre $190 mil y $300 mil en condiciones normales, precios que también son muy parecidos entre Bogotá y Bucaramanga (sin incluir las promociones), aquí en Valledupar por lo general está por encima de los $700 mil y en ocasiones supera el millón de pesos, como lo acaba de denunciar el exconcejal y exsecretario de gobierno municipal Gonzalo Arzuza. ¿Quién regula y vigila eso?, lo cierto es que nadie aparece para ejercer control al respecto.
Se requiere con urgencia que nuestras autoridades municipales, departamentales y los mismos congresistas de aquí ejerzan presión ante entidades como la Aeronáutica Civil, Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte, entre otras, para acabar de una buena vez con estos males del servicio de transporte aéreo en Valledupar.
Ya está bueno, es hora de poner en práctica las reiteradas recomendaciones de los expertos: fomentar la competencia para reducir las tarifas, que haya una efectiva regulación del transporte aéreo, implementar la promoción de vuelos chárter o alternativos, mejorar la infraestructura aeroportuaria en Valledupar, motivar la participación ciudadana y de los sectores empresariales para organizar campañas de concienciación y solicitar reuniones con la Aeronáutica Civil y Avianca para presionar que se revisen los precios.
Pero se requiere, además, que las quejas se formalicen ante la Superintendencia de Industria y Comercio y no que se queden en el terreno parroquial, eso ayudaría mucho en la vigilancia y regulación de posibles prácticas abusivas.
Se ha vuelto un cuento de nunca acabar, al contrario, cada vez crece más el malestar de la ciudadanía por el mal servicio y los altos costos de la aerolínea Avianca, la única empresa que brinda transporte aéreo en Valledupar.
Se ha vuelto un cuento de nunca acabar, al contrario, cada vez crece más el malestar de la ciudadanía por el mal servicio y los altos costos de la aerolínea Avianca, la única empresa que brinda transporte aéreo en Valledupar.
Durante los últimos años los habitantes de la región hemos convivido con un mal que pareciera volverse eterno y, lo más grave aún, por el momento no se vislumbra solución alguna, situación que ya no solo genera inconformidad, preocupación e impotencia ciudadana, sino que da al traste con cualquier iniciativa empresarial en Valledupar que dependa del flujo de transporte aéreo hacia y desde Bogotá o cualquier otra ciudad de Colombia.
Las quejas ciudadanas son las mismas desde hace más de cinco años: altos costos, poca oferta, abusos en la programación de tiquetes aéreos, incumplimiento de horarios y pocas alternativas para los imprevistos de los pasajeros.
La gente habla de abusos y atropellos de Avianca, con el agravante de que no hay una entidad a la que se pueda acudir para que le ayude a solucionar de manera rápida y efectiva cualquier inconveniente surgido con esta aerolínea que tiene monopolizado el servicio en Valledupar, actúa a placeres porque no tiene competencia alguna.
El mayor abuso de Avianca se presenta al momento de fijar las tarifas de los pasajes, mientras que el valor de un tiquete aéreo entre Barranquilla-Bogotá y viceversa oscila entre $190 mil y $300 mil en condiciones normales, precios que también son muy parecidos entre Bogotá y Bucaramanga (sin incluir las promociones), aquí en Valledupar por lo general está por encima de los $700 mil y en ocasiones supera el millón de pesos, como lo acaba de denunciar el exconcejal y exsecretario de gobierno municipal Gonzalo Arzuza. ¿Quién regula y vigila eso?, lo cierto es que nadie aparece para ejercer control al respecto.
Se requiere con urgencia que nuestras autoridades municipales, departamentales y los mismos congresistas de aquí ejerzan presión ante entidades como la Aeronáutica Civil, Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de Transporte, entre otras, para acabar de una buena vez con estos males del servicio de transporte aéreo en Valledupar.
Ya está bueno, es hora de poner en práctica las reiteradas recomendaciones de los expertos: fomentar la competencia para reducir las tarifas, que haya una efectiva regulación del transporte aéreo, implementar la promoción de vuelos chárter o alternativos, mejorar la infraestructura aeroportuaria en Valledupar, motivar la participación ciudadana y de los sectores empresariales para organizar campañas de concienciación y solicitar reuniones con la Aeronáutica Civil y Avianca para presionar que se revisen los precios.
Pero se requiere, además, que las quejas se formalicen ante la Superintendencia de Industria y Comercio y no que se queden en el terreno parroquial, eso ayudaría mucho en la vigilancia y regulación de posibles prácticas abusivas.