Cuatro exmiembros del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP admitieron públicamente su responsabilidad en secuestros ocurridos en el sur del Cesar y otras zonas del Magdalena Medio, durante una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bucaramanga, realizada los días 10 y 11 de diciembre. Estos hechos, calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyen privaciones de la libertad, torturas y violencia sexual, y no son susceptibles de amnistía. La noticia resuena en el Cesar por la operación del Frente 20 en esta subregión entre 1997 y 2003.
Erasmo Traslaviña, conocido como ‘Jimmy Guerrero’, coordinador de la Unidad Norte, tuvo bajo su mando el Frente 20, con injerencia directa en el sur del Cesar y el norte de Santander. Pedro Trujillo, alias ‘Alberto Cancharina’, incorporó ese mismo frente a la Unidad Centro en 2002, extendiendo su responsabilidad a secuestros cometidos en la zona. Jairo Cala (‘Jairo Mechas’) y Fabio Gil (‘Norbey Narváez’) también asumieron roles en la política de secuestros del bloque, que afectó a cientos de víctimas como mecanismo de financiación y control territorial.
Testimonios de víctimas
Once víctimas relataron en la audiencia los horrores del cautiverio, representando daños ocurridos en el Magdalena Medio, incluyendo el Cesar. Los comparecientes lamentaron no haber controlado los malos tratos ejercidos por sus subalternos y se comprometieron a contribuir con la búsqueda de personas desaparecidas y procesos de reparación. La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll presidió el acto, destacando: “Este momento simboliza el encuentro que busca el proceso de paz: la posibilidad de generar un espacio de diálogo”.
Las víctimas presentes en la audiencia de la JEP en Bucaramanga relataron con dolor los abusos sufridos durante su cautiverio a manos del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP, testimonios que resuenan especialmente en el Cesar por la operación del Frente 20 en el sur del departamento. Elías Serrano, secuestrado en 1985 en Santander pero en representación del sufrimiento de muchas víctimas de la región, reclamó a los comparecientes: “Estoy secuestrado en mi cuerpo… ustedes me cortaron las alas, ustedes no me permitieron volar”, evocando las secuelas físicas y emocionales que aún padece.
Martín Valencia, oficial de la Policía retenido por más de un año tras un asalto en 1991, describió el secuestro como “la acción que lleva al ser humano al estado más desgraciado”, y exigió reconocimiento por los malos tratos e incendios que afectaron también a civiles.
En contraste, Ana Ilbia Ariza, secuestrada en el año 2000 mientras era candidata a la Alcaldía en Santander, compartió un mensaje de resiliencia al detallar humillaciones, golpes y violencia sexual que dejaron “cicatrices muy profundas en mi cuerpo, en mi memoria y en mi alma”. A pesar del trauma, enfatizó el perdón como vía para “recuperar mi vida y caminar sin rencor”, ofreciendo incluso un abrazo simbólico a Fabio Gil, uno de los responsables, y honrando a las víctimas con una vela eléctrica.
Estos relatos, que incluyen casos de desapariciones y secuestros económicos en zonas cercanas al Cesar, subrayan la demanda colectiva de verdad y la fortaleza de las familias afectadas en el proceso de paz.
Próximos pasos
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP evaluará estos aportes para decidir si traslada el caso al Tribunal para la Paz, donde podrían imponerse sanciones propias que obliguen a los comparecientes a trabajar en favor de las víctimas. En el Cesar, este reconocimiento abre expectativas de verdad para familias afectadas por décadas de violencia. Solo uno de los cuatro excombatientes, Fabio Gil, había sido procesado previamente por la justicia ordinaria.
