La JEP leerá este viernes 19 de diciembre en Bogotá su primera sentencia en juicio adversarial contra un alto oficial del Ejército: el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón de Artillería N.° 2 La Popa de Valledupar, con operaciones en Cesar y La Guajira.
El fallo definirá si el oficial retirado es responsable de al menos 75 ejecuciones extrajudiciales, además de desapariciones forzadas y desplazamientos ilegales atribuidos a esa unidad militar entre 2002 y 2003, periodo en el que el batallón operó intensamente en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
Un oficial que negó los cargos
A diferencia de los 12 exmilitares del Batallón La Popa que aceptaron su responsabilidad en 135 casos de mal llamadas bajas en combate y ya recibieron sanciones propias de la justicia transicional, el coronel (r) Mejía negó los cargos.
Esa decisión lo llevó a un juicio adversarial ante la JEP, una ruta en la que podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión si es declarado responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
“Este juicio nunca fue contra el Ejército Nacional, ni siquiera contra el batallón o sus 2.000 integrantes. No se puso en tela de juicio la legitimidad de las instituciones del Estado”, enfatizó el fiscal delegado ante la JEP, Samuel Serrano, durante los alegatos
Según el funcionario, lo que se analiza es la responsabilidad de un mando específico dentro de un “aparato organizado de poder ilegal” que habría operado al interior de La Popa.
Un “aparato organizado de poder ilegal”
De acuerdo con la acusación de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), bajo el mando de Mejía, entre 2002 y 2005 se habría consolidado una estructura criminal incrustada en la cadena de mando formal del batallón. “Se trató de una colaboración criminal”, sostuvo Serrano al explicar que la lógica de operación no era legítima lucha contrainsurgente, sino la producción de resultados a cualquier costo.
La UIA le atribuye a ese entramado al menos 75 homicidios, 40 desapariciones forzadas y cuatro casos de tortura. Todos, presentados como acciones exitosas contra la guerrilla, cuando en realidad víctimas civiles habrían sido ejecutadas para inflar los indicadores militares. “Una unidad militar con más derrotas que éxitos, cuyo propósito pasó a ser posicionarse como uno de los más exitosos del país”, resumió el fiscal en su intervención.
Alianza con el Frente Mártires del Cesar
El expediente judicial señala que esos crímenes no se cometieron de manera aislada. La UIA sostiene que existió una alianza de mutuo beneficio con el Frente Mártires del Cesar, un grupo paramilitar que operaba en la región. Según la acusación, los paramilitares entregaban víctimas al batallón, en acciones coordinadas con fecha, hora y logística pactadas, para que fueran reportadas como bajas en combate.
“Los recogían y los hacían pasar como bajas en combate”, explicó Serrano, al describir el patrón de operación. Para la Fiscalía de la JEP, mientras el Ejército fortalecía su imagen en los reportes oficiales, los paramilitares ampliaban su control territorial en zonas rurales del Cesar y La Guajira. El resultado, advirtió el fiscal, fue una “falsa percepción de seguridad” para la población, construida sobre crímenes que hoy son investigados como posibles ejecuciones extrajudiciales.
El papel de las víctimas en Valledupar
Aunque la lectura de la decisión se hará en Bogotá, las audiencias previas del juicio contra Mejía sí se realizaron en Valledupar, junto a familiares de víctimas de los llamados falsos positivos del Batallón La Popa. En la capital del Cesar, hombres y mujeres de comunidades rurales del departamento, así como de zonas limítrofes con La Guajira, han narrado ante los magistrados cómo sus hijos, esposos o hermanos fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combate.
Desde hace dos meses, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra presentó su ponencia ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. Desde entonces, los magistrados discuten los alcances jurídicos de los hechos atribuidos al coronel (r) Mejía y el tipo de sanción que correspondería en caso de declarar su responsabilidad.
La JEP ha anticipado que esta será la primera sentencia en juicio adversarial contra un alto oficial, lo que marcará un precedente dentro de la justicia transicional. En Cesar y La Guajira, donde operó el Batallón La Popa, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos siguen de cerca el proceso, con la expectativa de que la decisión aporte verdad, responsabilidad y garantías de no repetición en un territorio marcado por el conflicto armado.
