La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exsecretario de Hacienda de La Guajira, Alejandro Rutto Martínez, por el delito de prevaricato por acción durante su periodo administrativo en el periodo 2018-2019. 

Según la Fiscalía, la Asamblea Departamental expidió una ordenanza para la obtención de unos recursos mediante la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo donde el tope del recaudo era de $100.000 millones de pesos, pero esa cifra se sobrepasó en 8.000 millones.

Esto, al parecer, debido a que el exfuncionario habría expedido el 3 de abril del 2019 un acto administrativo que desconoció el concepto de la Oficina Jurídica de la Gobernación en la que se recomendaba la no realización del cobro por fuera del tope permitido. 

La recomendación fue realizada debido a que el cobro demás causaría un detrimento para el departamento, ante las reclamaciones hechas por distintas ONG de la región que exigían la devolución de los recursos pagados fuera de los topes permitidos por la ordenanza departamental.  

“De igual forma se pudo evidenciar que habría transcurrido más de un año sin que hubiese respuesta a los reclamantes de los recursos, lo que originó la acción del ente investigador”, explicó la Fiscalía. 

Así las cosas, el exmandatario enfrentaría un juicio por el citado delito.