Hace 31 años la comunidad LGTBI obtuvo a nivel mundial uno de los mayores logros en la lucha por ser reconocidos. El 17 de mayo de 1991  la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, un hecho que sin duda marcó el inicio de una ardua batalla en defensa de sus derechos humanos que todavía continua. Sin embargo, en algunas regiones como Valledupar el camino ha sido más dificultoso en materia de inclusión, tolerancia y equidad. 

Hace dos años la Fundación Matices, que trabaja de la mano con otras organizaciones como Mucá, realizó un estudio técnico en el que documentó la caracterización de este colectivo en la capital del Cesar y el estado de sus derechos, encontrándose la carencia de políticas públicas en beneficio de ellos, circunstancias que se mantienen en la actualidad. 

“Este diagnóstico presentado a la Alcaldía en el 2019 nos reveló un escenario devastador en términos de salud, educación, trabajo y en violencia. Valledupar sigue siendo una ciudad tradicional que margina, discrimina y segrega a las personas que tienen orientaciones e identidades de géneros no normativas, consideramos que esas distinciones persisten en la sociedad, lo que condiciona el acceso a los demás derechos básicos que permiten una vida digna”, manifestó la socióloga Sofía Olano, miembro de la Fundación Mucá. 

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Estos aspectos se reflejan actualmente en la ausencia de cargos públicos para los LGTBI, los homicidios y agresiones en contra de ellos y las jornadas de salud en las que no son cobijados como las trabajadoras transgénero ubicadas en la calle 44.  De allí la importancia de la creación de políticas a nivel departamental y municipal orientadas a disminuir la discriminación, la homofobia, la transfobia y la bifobia en la sociedad.

LA VIOLENCIA 

Además estos últimos aspectos ‘son caldo de cultivo’ para otro mal que sufre el colectivo: la violencia. Aunque en lo corrido del año no se han registrado acciones violentas en contra de los miembros LGTBI, en el 2020 se contabilizaron al menos ocho casos.  

Uno de esos fue el asesinato en contra de la estilista transgénero Leidy Padilla Daza, de 41 años de edad, asesinada con arma blanca en el barrio Villa del Rosario, al sur de Valledupar.  

Los hechos sucedieron en la peluquería de la víctima por móviles que aún no están esclarecidos. Ella alcanzó a ser llevada a la Clínica Pediatra de la Simón Bolívar, donde no pudieron salvarle la vida por la gravedad las puñaladas que sufrió a la altura del tórax, cuello, cara y antebrazo derecho. 

Por este crimen fue capturado Pedro Caldera Romero, quien está privado de la libertad en un centro carcelario de la ciudad. 

Otros casos no menos relevantes están inmersos en la impunidad como es la muerte de José Alfredo Orozco, ultimado con más de 20 puñaladas, al interior de una habitación del Hotel Casa Linda, ubicado en la calle 19 con número 9-58 del centro de la ciudad. El ataque con sevicia ocurrió el 4 de febrero del año pasado. 

Una realidad similar a la que se ha evidenciado en los años anteriores. En el 2018 se documentó el homicidio de Lili Rangel, una mujer ‘trans’ venezolana atacada a bala mientras trabajaba en la calle 44, más exactamente frente a las mallas del aeropuerto Alfonso López de Valledupar. 

Para la época las compañeras denunciaron que se trató de un acto homofóbico, puesto que el crimen estuvo aparentemente antecedido de amenazas para que no ocuparan los puestos de trabajos como prostitutas.  

“Como estamos pasando por una pandemia hoy en día los casos menguaron, puesto que no se han presentado desde el año 2020.  Pero sí existen hechos recientes importantes como fue la muerte de nuestra compañera Leidy Padilla y la cifra de unos ocho homicidios, en los que solamente se han esclarecido algunos”, aseveró Kelsy Maire Polo Núñez, presidenta de la Asociación de Mujeres Transgénero del Cesar.

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Ella es una de las líderes del colectivo que trabaja de la mano con las instituciones para mejorar las condiciones de vida de los LGTBI. “Hemos hecho incidencia a través  de los entes territoriales como lo es la Policía Nacional con las capacitaciones sobre el tema de derechos humanos sobre cómo debe ser el trato con la comunidad en ciertos aspectos y también en otros ejes fundamentales apoyados por distintas fundaciones”, puntualizó Polo Núñez. 

No obstante, otros académicos consideran que es necesario acabar con los prejuicios que tiene el ‘heteropatriarcado’.  “Cuando el patriarcado se enlaza con otro sistema de opresión como la heteronormatividad, que es la creencia que lo heterosexual es lo normal y que todas las formas diversas de ser y sentir diferentes son enfermas y patológicas, hacen que esos conceptos transciendan y se sufra de prejuicios, circunstancia que lleva al ‘matoneo’”, acotó Sofía Olano, integrante de Mucá.  

LAS AUTORIDADES 

La Fiscalía General de la Nación anunció en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que trabaja por  fortalecer las capacidades de los fiscales e investigadores destacados en este tipo de procesos en el país. 

“Una de las buenas prácticas que se promueve en casos de violencia contra personas LGBTI es la de incorporar en sus investigaciones la hipótesis de que la agresión estuvo fundada en la condición de la víctima, y a partir de los análisis confirmar o descartar dicha suposición”, dijo el organismo investigador.