Con una extensión territorial de 22.905 kilómetros cuadrados que conforman el departamento del Cesar, la agricultura y la ganadería representan el 7.6 % de la economía en la región; no obstante, esta actividad constantemente es afectada por el flagelo del secuestro que se rehúsa en desaparecer del campo.

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El delito continúa teniendo como objetivo al campesino, al agricultor, al avicultor y, sobre todo, al ganadero, cuyas fuentes de producción son un relevante aporte  en el mercado de víveres en la región.  

Asimismo incide en la percepción de seguridad en el gremio, ocasionando que algunos  puedan tomar medidas negativas frente a su producción.

“Si siguen sucediendo secuestros, sobre todo en el sur, la gente propietaria de finca o empresarios tanto de la ganadería como la agricultura, las cuales son muy prospera,  van a bajar sus actividades y el tiempo en que van a permanecer en sus fincas. Eso afecta indudablemente la economía porque va a ver menos producción. Todo el mundo corre a guarecerse a sus casas, en las ciudades y prácticamente van abandonando las fincas”,   manifestó Oscar Daza Laverde, miembro de la Junta Directiva de Fedegán.

Esto a pesar que el fenómeno delictivo ha tenido una vertiginosa  caída entre finales del siglo pasado y principios de este por la particular historia política y militar colombiana marcada por el conflicto armado interno.     

De acuerdo al Centro Nacional de Memoria Histórica, nada más entre 1970 y 2010 fueron secuestradas en el departamento 2.621 personas, mientras que del 2011 al 2012 lo fueron 31 ciudadanos.

Aunque con menos víctimas, los casos se han mantenido en el tiempo con cruentas historias que impactan las entrañas de la sociedad. Tal como el reciente caso de Andrés José Herrera Orozco, quien fue sacado violentamente de su finca Floridablanca por hombres armados que se hicieron pasar por miembros del Gaula, el reciente miércoles.

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El plagio se produjo a menos de tres meses de que fuera asesinado en cautiverio el ganadero, Juan Pablo Castillo Esper, secuestrado en la noche del pasado 28 de febrero en su finca ubicada en el municipio de San Martín.

Lo ultimaron con arma de fuego ante la presencia del Gaula de la Policía Nacional el cual adelantaba una labor de reconocimiento en un sector conocido como ‘Pica Pica’, localizado en los límites de los departamentos de Norte de Santander y Cesar.

A juzgar por los hechos registrados, la zona limítrofe entre esos dos departamentos se ha convertido en la guarida favorita de los delincuentes,  pues de ahí también fue raptado el avicultor Evangelista Bohórquez el pasado 18 de marzo.

EL ANTERIOR AÑO

Además en el 2019, en área rural de Norte de Santander, fue liberada por el Ejército y Policía Ana Sofía Vargas Bernal, de 70 años, plagiada el 10 de enero de ese mismo año en el corregimiento de La Vega, del municipio de Chimichagua.

La adulta mayor y su esposo habían llegado a su finca Oro Mina donde fueron abordados por sujetos armados que solo se la llevaron a ella.

El segundo turno, el año pasado, le tocó al barranquillero Carlos Alberto Restrepo Nader, plagiado a finales del mes de mayo en la vereda El Diviso del municipio de Pailitas. También fue sacado de su finca mientras fumigaba. El hombre quedó en libertad el 10 junio tras fugarse de los delincuentes en zona rural de Pelaya.  

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Finalmente,  en el mes de noviembre la misma suerte corrió el ganadero Norve Parra Benavides, de 48 años de edad, secuestrado en el corregimiento de Potrerillo, jurisdicción de El Paso.

Este caso fue excepcional, según la investigación de la Fiscalía, la familia fue renuente a denunciar los hechos, pues días después su ser querido fue dejado en libertad.

Pero durante las investigaciones notaron que la familia todavía estando libre Parra tenía que pagar parte del secuestro.  Es así que montaron un operativo en el que dieron de baja a un delincuente y capturaron a otro, pero en la hazaña murió un miembro del Gaula Militar.

El funcionario Marcelo Hernández Rojas alcanzó a ser trasladado desde Codazzi a la Clínica Santa Isabel de Valledupar donde no pudieron hacer nada por él.

EL SECUESTRO, EN EL CENTRO Y SUR DEL CESAR

Carlos Javier Toro, alcalde Pailitas, considera que una de las situaciones por las que el secuestro se presenta en su jurisdicción se debe a que aún hay presencia de grupos al margen de la ley.

“Las veces  que se ha producido secuestros aquí para los grupos ilegales es muy fácil de pronto  desprenderse hacia la parte alta del municipio o baja, en la alta si se camina por carretera a manos o menos una hora y media podrían estar haciendo límites con el Catatumbo, Norte de Santander, nuestra extensión rural es bastante amplía. Sin embargo,  Pailitas de una u otra forma nunca ha dejado de tener presencia  de grupos al margen de la ley pero todo ha sido esporádico”, explicó el mandatario.

Precisamente este municipio fue uno de los golpeados por el paro armado que anunció el ELN a inicio de año.  Su comercio tuvo que cerrar por seguridad y los vehículos medianamente circularon, pues algunos fueron quemados.

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Según las autoridades, el problema radica en que los grupos al margen de la ley a veces funcionan mediante redes de apoyo que están como aparentes ciudadanos dentro del casco urbano.

UN GOLPE AL ELN

Así quedó evidenciado la tarde del viernes. La Policía Nacional en coordinación con la Décima Brigada del Ejército capturó a dos señalados miembros del ELN con injerencia en Valledupar, Becerril, Codazzi, La Jagua de Ibirico, La Paz y San Diego.

Se trata Eris Cuello Payares conocido como ‘Janer o Negro’  y Oscar Enrique Pacheco Pinto conocido como ‘Evo’, quienes eran requeridos mediante ordenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo y rebelión.

“Janer cuenta con una trayectoria criminal de más de 20 años y en la actualidad se desempeña como cabecilla de las células urbanas del Frente de Guerra Norte “José Manuel Martínez Quiroz” del ELN; y Evo llevaba 7 años en esta organización criminal, se desempeña como integrante de las células urbanas del Frente de Guerra Norte en el municipio de Becerril, sería el encargado del trabajo político organizativo y movimiento de masas, así como la consecución de material bélico, logístico y medicinas para la estructura”, precisó el coronel Jesús Manuel De los Reyes Valencia, comandante de Policía Cesar.

‘LO QUE HICIERON’

De acuerdo a las autoridades, los ahora detenidos cometieron las siguientes acciones terroristas durante tres años:

2017: Instalación de bandera alusiva al ELN en el balneario Hurtado del rio Guatapurí en Valledupar

2019: Instalación de bandera del ELN y grafitis en la vía Valledupar – corregimiento de La Mesa.

2019: Instalación del ELN en la vía que conduce del corregimiento de La Mina al corregimiento de Atánquez.

2020: Instalación del  ELN, en inmediaciones de la vía Becerril – Corregimiento de Casacará.

2020: Instalación del ELN, en el sector invasión ‘8 de diciembre’ en Codazzi.

 2020: Detonación de una carga explosiva en los rieles de la vía férrea de la empresa Cerrejón, en el municipio de Uribia en la Guajira.

OTROS PROBLEMAS

Aunado al secuestro se presentan otras dificultades en el campo como el abigeato  y la extorsión que impactan también la agricultura o ganadería, esta última es una de las actividades más aportantes en el producto interno bruto agropecuario. 

“El abigeato no ha bajado, es permanente, los ladrones un día actúan en un municipio y luego en otra zona y así. Se ha mantenido y en eso las autoridades tienen que ser consciente de que tienen que poner mayor Fuerza Pública para contener esos problemas que hay”, aseguró Daza Laverde.

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Indicó además que en puntos concretos los miembros de la Fuerza Pública brindan su apoyo con el patrullaje pero que en otras zonas, como el sur del departamento,  la inseguridad llega por el poco personal que tienen los miembros de la Policía y Ejército.

“Se ven más afectados porque no hay tropas suficientes para controlar todos los sitios y los puntos, entonces mientras que están en un lado el otro queda descubierto y eso es lo que está pasando en esa zona, además que es muy extensa  tiene  la Serranía del Perijá que se une con el Catatumbo”, finalizó Daza.

No obstante, el Departamento de Policía Cesar reportó que durante sus operaciones contra el abigeato han logrado capturar a 14 personas en la región. Mientras que con la extorsión han sido detenidas 18, entre las que se destaca el desmantelamiento de la banda ‘Los Unidos’.

Según la investigación, delinquía en la ciudad de Valledupar y municipios aledaños mediante llamadas extorsivas realizadas desde las cárceles para exigir entre $300.000 y $7.000.000.

La banda estaba conformada por tres sujetos que fueron presentados a la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravado. Además fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural.