Desde el año 2016 se encuentra en instancias judiciales la situación que buscar restituir este inmueble al particular que lo reclama y que busca a su vez la protección de la población de desplazados que se encuentra habitando allí.

La propiedad de un predio ubicado en la vereda La Guitarra del corregimiento de Aguas Blancas, jurisdicción del municipio de Valledupar, ha generado una situación de tensión entre las cerca de 50 familias de desplazados que residen allí, el particular que reclama la propiedad del mismo y la Alcaldía del municipio que ha sido sancionada en cabeza de su representante legal, Augusto Daniel Ramírez Uhía, con un incidente de desacato a un fallo de tutela emitido el 19 de agosto de 2016.

Por esta razón se resolvió en primera instancia sancionar a Ramírez Uhía con cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto como resultado de un proceso que se viene librando hace un tiempo que dio como resultado un desalojo que se efectuó el 24 de agosto del año pasado, dejando a esta población en la intemperie y a sus niños afectados psicológicamente, de acuerdo con Ronald Nieves, uno de los habitantes de esta vereda.

La Alcaldía manifestó que está programada para el día 29 del presente mes otro desalojo en la misma vereda. “Nuevamente atropello de parte de la institucionalidad en contra de nosotros en cabeza del señor alcalde”, aseguró Nieves.

Según el representante de esta comunidad el día 13 de octubre, dos meses después del procedimiento, Liliana Giraldo Gómez, líder para la costa Caribe de la Agencia Nacional de Tierras de Santa Marta en conjunto con Jorge Chávez, director de la Unidad de Restitución de Tierras del Cesar, se trasladaron a la vereda y se reunieron con todos los habitantes de dicha zona donde manifestaron que las tierras de La Guitarra son baldías.

Después, el día 25 de abril, la misma funcionaria certificó el estado jurídico de este bien inmueble en calidad de baldío y nuevamente Instrumentos Públicos el día 31 de octubre y el día 6 de noviembre del presente año ratificaron que el predio no ha salido de las arcas del Estado por lo que posee la calidad de baldío.

En el año 2016 el Juzgado Cuarto Civil Municipal había ordenado suspender el desalojo y que se hiciera un censo con el que se identificara la calidad de situación de las personas que habitan la zona así como que a quien ostente la condición de desplazado se le diera albergue provisional apto para su habitabilidad, ayuda humanitaria correspondiente y la vinculación a los programas de salud, educación, vivienda y créditos productivos concebidos por la Ley 387 de 1997 a las personas de las cuales se acredita la condición de desplazado por la violencia en Colombia.

Hasta el momento la administración municipal no ha cumplido esa orden judicial y aunque la situación se ha notificado a las entidades del estado como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería, para que identifiquen las irregularidades cometidas por el municipio en contra de esta población de desplazados asentados en dicho lugar, no se ha hecho todavía nada al respecto.

Sobre esto el asesor de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Miguel Rocha, reconoció que hay un fallo de tutela que ordena precisamente que se restituya la propiedad de ese inmueble, es decir, que se haga a partir de un procedimiento policivo. Actualmente están en cumplimiento de la sentencia y reconoció, como los mismos moradores anotaron, que el año pasado hubo un desalojo parcial.

“Esto no es una actuación caprichosa de la administración es en cumplimiento de una orden de un operador judicial, pero conociendo de esta circunstancia es que hemos diseñado estrategias en la gestión administrativa para que no se afecten terceros y personas víctimas o vulnerables que es una categoría diferente”, aseguró Rocha.

Esta situación, de acuerdo con el funcionario, deja a la administración actual entre la espada y la pared porque existe la orden de desalojo por parte de un juez y por otra parte existen unos invasores con una posesión irregular del predio diciendo que tienen los derechos. De la misma manera Rocha recordó que sin distinguir si el bien es baldío o es particular, cuando hay una perturbación en la propiedad hay una obligación por parte del Estado de restituir ese derecho por completo.

Al tiempo manifestó que desde la administración están tratando de buscar una solución que deben construir de forma conjunta y al tiempo admitió que ya tienen conocimiento de la notificación del desacato.

Precisamente el desacato procede, en palabras de Rocha, porque está el señor Jorge Eliecer Lara reclamando la titularidad del predio, exigiendo que le restituyan la propiedad con todos sus atributos es decir que no haya perturbación. El mismo interpuso una acción de tutela que falló a su favor y mediante la cual fue ordenado que se desplegaran unas medidas policivas con las cuales la administración llevó a cabo el desalojo.

“Nosotros las desplegamos de forma parcial conociendo la afectación que alegan los terceros y hoy por otra parte nos dice hágalo y como no lo ha hecho lo sanciono por desacato, entonces ahí es donde uno pide colaboración de todas las partes; del propietario, de los invasores, etc.”, agregó.

Por último aclaró que para dar frente a las necesidades de esta población están corroborando la información que les llegó por parte de la Unidad de Víctimas en las que dicen que el predio está siendo objeto de un proceso de restitución de tierras, es decir, que se presume por la actuación que se está librando de pronto hubo un desplazamiento forzado. Por consiguiente, si son víctimas de la violencia seguirían un protocolo dado por la Corte Constitucional.

A pesar de esto, por el momento el desalojo se mantiene programado según el asesor como cumplimiento a la decisión judicial emitida por el desacato con el que están siendo sancionados. “El alcalde está buscando alternativas, nos hemos venido reuniendo estos días también para las ayudas en caso de que tenga que darlas la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras”, añadió.