La piratería o el transporte informal, como lo consideran autoridades del orden local y nacional, tienen al borde de la quiebra a empresas, empresarios y conductores de vehículos, que piden soluciones para frenar esta práctica en Valledupar.

Desde 2015, el número de usuarios bajó de 65.000 a 22.000 quienes actualmente optan por movilizarse por medios legales como busetas o taxis. El déficit es de 46.000 pasajeros, según cifras entregadas por Juan Carlos Carvajal, gerente de la empresa Cootraupar.

Factores como el mototaxismo, Uber, así como el servicio de colectivo que algunos taxistas ofrecen, generan pérdidas a las empresas legalmente constituidas por unos $40.000 millones, en los últimos tres años.

Los gastos e inversiones, indicó Carvajal, no compensan con el flujo de caja que actualmente no alcanza para pagar pólizas por $200 millones, seguros obligatorios, revisiones técnico-mecánias y el sostenimiento del pago de seguridad social de la decena de empleados de Cootraupar, una entidad que tiene 35 años al servicio de la capital del Cesar.

“El factor de la ilegalidad e informalidad nos ha afectado y nos tiene en esta situación. Tengo ocho meses en la empresa y recibí una empresa con alrededor de $600 millones en pérdidas; estamos hablando que para el 2017 terminamos con un saldo final de $650 millones en rojo. Eso quiere decir que cada mes terminado tiene una connotación económica negativa”, aseguró Juan Carlos Carvajal.

Durante esta semana, los transportadores protestaron en distintos escenarios de Valledupar, especialmente paralizando el tráfico en las principales glorietas. Eso ocasionó que el alcalde Augusto Ramírez Uhía y las autoridades de tránsito convocaran a una reunión extraordinaria y ajustaran medidas ya establecidas a nivel de regulación y sanciones al transporte ilegal.

Este, no es un inconveniente netamente en Valledupar, se presenta a nivel nacional en las principales ciudades colombianas. La Superintendencia de Puertos y Transporte indica que unos 900.000 pasajeros se movilizan diariamente en sistemas masivos y colectivos, pero el 30 o 35 % de ese promedio utiliza medios no autorizados para desplazarse. “Se calcula que existe una tasa de ilegalidad de entre el 30 y el 40 %”, reseña la entidad reguladora.

Medidas administrativas
En mesa gremial e interinstitucional, en alianza con las autoridades policiales; el alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía; el secretario de Tránsito y Transporte, Víctor Arismendy Arias y el secretario de Gobierno, Gonzalo Arzuza Torrado, atendieron las solicitudes de los transportadores y emitieron medidas que buscan el mejoramiento de las condiciones financieras y por ende laborales.

En un acta firmada entre las autoridades municipales y los transportadores de busetas y taxis se tomaron decisiones:
• Modificar el Decreto 000558 de 29 de mayo de 2018 por medio del cual se adopta incluir restricciones a la circulación de motocicletas en el centro de la ciudad, concretamente en el perímetro establecido.

• Incrementar medidas para el cumplimiento de las restricciones establecidas en el Decreto 000558 de 29 de mayo de 2018.

• Focalizar controles en los puntos críticos donde se aprecia mayor presencia de transporte informal, tales como el mototaxismo y transporte pirata de pasajeros.

• Incrementar los operativos de seguridad a favor del gremio de transportadores públicos de Valledupar.

• Realizar más operativos de control de las medidas de tránsito, tales como el uso del casco tanto del conductor como del parrillero, y la documentación al día.

• Retiro de rampas en la carrera 17, entre otras.

Las modificaciones no son otras que “reforzar el trabajo de control a la informalidad, a la piratería”, declaró el secretario de Tránsito y Transporte, Víctor Arismendy Arias.
El funcionario explicó que con la Policía y agentes de tránsito realizarán mayores controles, buscando sancionar a un mayor número de personas que se dedican a las actividades informales.

“Como modificación tendremos las restricciones a la zona centro, que viene desde hace tres años y nosotros hace unos meses lo cambiamos para que la gente ingresara sin parrillero, pero nuevamente volveremos a que no pueda ingresar ninguna motocicleta, salvo las excepciones contempladas”, dijo Víctor Arismendy, quien confirmó la llegada de 20 nuevos agentes de tránsito a partir del lunes 3 de septiembre.

Explicó que luego de firmado el convenio con la Policía Nacional para ejercer los controles de tránsito, el municipio entregará dotación y un rubro económico para fortalecer la infraestructura.

“Los municipios tienen que contribuir para la logística de operación; el año anterior se entregaron 13 motos a la Policía de Tránsito. Este año entregaremos unos laboratorios móviles, una camioneta, más otros recursos en transferencias; todos los años se taza un valor representado en bienes y servicios para la Policía”, recalcó el secretario de Tránsito.

Actualmente, el parque automotor en Valledupar asciende a 90.000 motocicletas y los vehículos de cuatro ruedas a unos 50.000, que circulan a diario por las distintas vías. Para el transporte público son 2.500 taxis y alrededor de 250 busetas.

Entre las peticiones del gremio se destacó el fortalecimiento de los controles en las zonas de mayor flujo de transporte informal.

“El alcalde se compromete con la Policía a hacer los controles de la ilegalidad de las motos, de los taxis piratas, de los carros piratas y hacer un seguimiento. Esperemos que nos cumplan para que el transporte legal surja y Valledupar goce de un buen servicio”, declaró José Joaquín Gálvez, vocero del gremio de trasportadores de busetas.

El alcalde Augusto Ramírez Uhía envió un “mensaje de unidad” entre el sector transportador, la institucionalidad y la ciudadanía. Así mismo la institucionalidad y la ciudadanía deben ser aliados del sector transportador. Entre todos, este círculo de buen gobierno, podemos construir el desarrollo y la transformación del territorio”, aseguró el mandatario.