Hemos escuchado y leído con atención una amplia gama de economistas, que han cerrado filas con el No al proyecto de cambio constitucional del nivel de transferencias de dineros que la Nación hace anualmente, de su presupuesto general, a las entidades territoriales, léase principalmente municipios, para cubrir diversos sectores, por ejemplo en ecuación y salud, las cuales hoy representan del orden del 22% de los ingresos de la Nación – fuera de regalías – y se propone que alcancen el 46,5% que se ordenó en la Constitución Política de 1991. Todos esos economistas han nacido, gobernado o pensado desde Bogotá.

En un reciente ejercicio del PNUD y representantes de muchos estamentos del país en la definición de una visión de la democracia colombiana, que contó con la metodología de Diálogos Improbables – organización que realizó un proceso importante en el Cesar y otros departamentos- se concluyó que dado que en Colombia había un alto grado de violencia aún y más territorio que Estado debían adoptarse prontas recomendaciones.

Recordemos, a propósito, que el reciente Premio Nobel de Economía, James Robinson, un conocedor de la realidad nacional, manifestó que la ausencia de Estado en el territorio explicaba por qué el narcotráfico se había asentado en Colombia, contrario a la idea, más predominante en círculos políticos, de que el narcotráfico y su violencia fue la causa que no dejó dominar el territorio.

Se identificó, en el ejercicio mencionado, la disparidad de visiones, la ineficacia estatal y la lejanía del centro a las regiones. Y se recomendaron tres principales estrategias : desarrollar la capacidad de hacer acuerdos entre los colombianos; superar la ineficiencia del Estado al servir a la población,
y equilibrar la relación centro-periferia, es decir entre la Nación y los territorios.

A la última estrategia recomendada respondía la Constitución de 1991, al establecer que buena parte de los ingresos del centro debían ir a las regiones, proceso frenado en el cambio de siglo, en 2001, por una contrarreforma, alentada por una coyuntura fiscal difícil del gobierno central a raíz de la crisis económica del periodo 1988-1999.

Es correcto que, sin afectar la sostenibilidad fiscal de la Nación, mirando sus deudas, vigencias futuras y compromisos forzosos como justicia, seguridad, pensiones, se transfieran progresivamente más recursos a los territorios. El proyecto prevé volver progresivamente a los niveles de 1991 en un periodo de 10 años iniciando en 2027. Esperamos que la reforma política, actualmente en curso en el Congreso, se extienda a los territorios, abrumados por la corrupción, para que los más competentes y honestos cuiden los recursos y garanticen la eficacia de los gobiernos; y que se transfieran nuevas competencias y funciones a estas entidades territoriales. Se les controle los niveles de endeudamiento para evitar las situaciones del pasado y exigir mejoras en sus economías y recaudos tributarios propios.

No hay derecho a que se tenga que ir a Bogotá a buscar un recurso presupuestal para una vía veredal campesina, un parque o un puesto de salud; y que con el ejecutivo de turno se negocie, con los enlaces parlamentarios, y según preferencias del ejecutivo, cualquier obra menor o mediana, que bien podría hacer el municipio.

El punto debe ser hallar un acuerdo sensato y responsable, pues la inequidad social también se refleja en la regional y se alimentan. Bienvenido el debate del proyecto, de iniciativa legislativa, que deberá ajustarse a las conveniencias del país y de la provincia colombiana.