En el 2015, cuando Luis Alberto Monsalvo era gobernador del Cesar, el Programa de Alimentación Escolar del departamento se adjudicó al Consorcio ‘Alimentación Escolar a Salvo 2015’, representado por María Angelica Araujo Noguera. 

Dicho consorcio estaba conformado por la Fundación Kabala, representada por María Angélica Araujo, y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, representada por Ivis del Carmen Rosado Robles. El contrato tuvo un valor de $17.145 millones con un plazo de ejecución de 59 días calendario.

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Por las irregularidades detectadas en ese contrato, a Luis Alberto Monsalvo lo condenaron en primera instancia este miércoles 14 de febrero. Sin embargo, el proceso contra los otros funcionarios vinculados a este entramado de corrupción no avanza.

LOS OTROS FUNCIONARIOS

Se trata del exsecretario de Educación Jorge Eliecer Araújo Gutiérrez y el exsecretario General,  Jaime Luis Fuentes Pumarejo, y la excontratista Ivis del Carmen Rosado Roble, vinculados en el mes de noviembre de 2019 al proceso penal por los delitos de peculado por apropiación agravado, prevaricato y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

Los tres se declararon inocentes de los cargos, por lo que afrontan el debate probatorio en libertad. EL PILÓN conoció y pudo confirmar que en el caso se han presentado dilaciones por lo que no se ha realizado la audiencia de formulación de acusación, es decir, la lectura de los hechos jurídicamente relevantes endilgados a los exfuncionarios, quienes no están privados de la libertad.

La audiencia para formulación de cargos se ha cancelado más de 8 veces en los últimos cinco años. Desde noviembre de 2019, que se dio la legalización de la captura, no ha registrado avances. En unas ocasiones se cancela porque el juez está de permiso y en otras porque no asiste una de las partes. La nueva fecha quedó establecida para el 2 de mayo de 2024, porque el pasado 31 de enero de este año no se pudo realizar. 

PROCESO DE LUIS ALBERTO

En la condena en primera instancia contra Luis Alberto Monsalvo, la Corte Suprema detalló algunas irregularidades que la llevaron a tomar esta decisión. Luego de calcular el precio de las raciones alimentarias que fueron entregadas, la Corte determinó que la Gobernación del Cesar pagó de más y sin justificación $1.537 millones al contratista, lo que se “constituye en la cuantía del peculado por apropiación en favor de terceros”.

Según la Fiscalía, dentro del contrato se estableció como requisito una experiencia tan específica que solo el consorcio escogido de antemano podía cumplir. “Cinco certificaciones de contratos terminados en los últimos cinco años, contados desde la fecha de cierre del proceso de selección (…) Exigencia que solo podían cumplir la Fundación Kabala y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar”. 

Otro punto es que, dentro del presupuesto se plasmaron $3.580 millones para las manipuladoras de alimentos, sin embargo, el contratista solo invirtió $2.212 millones, “de donde surge una apreciable diferencia a favor del contratista de $1.368 millones”, según la Corte. 

La Fiscalía también señaló que inflaron la cifra de estudiantes beneficiarios. Según el número de estudiantes registrados en el SIMAT para junio de 2015 eran 140.155, pero la Gobernación del Cesar puso 146.100, inflando “el cálculo de raciones a suministrar, al punto de haber quedado más del 10% del contrato sin ejecutar, lo que adicionalmente pone de manifiesto la falta de planeación”.