Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación pidió que condenaran al exgobernador(e) del Cesar, Rodrigo Canosa Guerrero, por haber celebrado aparentemente de manera irregular dos convenios para la entrega de un material biográfico en los colegios públicos  del departamento en el año 2007.      

La solicitud surgió en una audiencia de alegatos de conclusión celebrada la mañana del lunes. En esta, el Fiscal 10 Delegado, Carlos Iván Mejía, afirmó que había presentado suficientes materiales probatorios para demostrar la responsabilidad del exmandatario por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo. 

Según la investigación, Rodrigo Canosa como gobernador encargado celebró varios convenios para realizar la dotación de material bibliográfico de consulta didáctica con fundaciones y empresas que no eran las más adecuadas. Entre esos, está el firmado en el mes de noviembre de 2007 con una fundación que presuntamente carecía de idoneidad para los fines del contrato. 

“Las propias certificaciones aportadas por este contratista en ninguna de ellas se documenta como objeto específico la actividad de dotación de material bibliográfico y experiencia en el sector salud, deportiva, muestras culturales y desarrollo empresarial. La gobernación del Cesar, en cabeza de Rodrigo Canosa, no cumplió con el requisito de certificar la idoneidad del contratista, pero la situación no es diferente tratándose del convenio 500 de 2007 donde tampoco se evaluó la idoneidad de la administradora pública Cooperativa Grupo APC con que también no existió ningún vestigio sobre este particular para inferir que se cumplió el requisito”, afirmó Carlos Mejía, fiscal.  

El procedimiento no habría garantizado la selección objetiva del contratista ni la participación de las personas naturales y jurídicas con la experiencia e idoneidad para las funciones establecidas. 

Además, según la Fiscalía, para ese tipo de trabajos el exgobernador no requería de la figura de convenios sino de contrato de contraprestación debido a que no se trataba de impulsar programas  de interés público. 

LA DEFENSA 

El abogado defensor, Leonardo Carvajal, por su parte precisó que Canosa sí cumplió con seleccionar objetivamente a los encargados de ejecutar los convenios mediante una evaluación realizada por expertos. 

“Está demostrado que en el convenio 449 se dio por efecto de una evaluación que se hizo con respecto a unas propuestas presentadas. Si bien no está contemplado dentro del procedimiento contractual que se hiciera invitación pública con términos de referencia, sí está acreditado que la selección del contratista obedeció a la actividad que ejercieron estos evaluadores designados por el señor Rodrigo Canosa para que determinaran cuál era la mejor propuesta conforme a los términos de referencia”, acotó Carvajal. 

No obstante, la última palabra la tendrá el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que en la próxima audiencia dará a conocer si declara culpable o inocente a Rodrigo Canosa Guerrero. 

El exfuncionario fungió como gobernador encargado en el 2007 en reemplazo de Hernando Molina, retirado en ese entonces del cargo por ser investigado por parapolítica.