Esta es la segunda vez que profieren un concepto favorable. La primera se hizo el año pasado, pero el Tribunal Constitucional de España la había suspendido.
El empresario Carlos Mattos, investigado por presunta corrupción, tendría un ‘pie’ dentro de tierras nacionales luego de que la Audiencia Nacional de España emitiera un nuevo concepto en el que autorizó que fuera entregado a la justicia colombiana.
Según un auto de la justicia extranjera, estaban cumplidos los presupuestos sobre el procedimiento tras recopilar la documentación necesaria, así como las exigencias del tratado de extradición y las garantías que España le solicitó a Colombia.
Asimismo, consideró que la nacionalidad española de Mattos no era motivo para negar la extradición, pues su vida laboral la ha desarrollado en Colombia, donde tiene familiares.
Esta es la segunda vez que profieren un concepto favorable. La primera se hizo el año pasado, pero el Tribunal Constitucional de España la había suspendido.
El empresario es esperado por la justicia colombiana para que responda por los dos procesos en que fue señalado de cohecho y tres delitos informáticos.
Mattos es señalado de sobornar presuntamente a funcionarios de la Rama Judicial en un proceso que enfrentaba con la empresa coreana Hyundai Motor Company, la cual representó en Colombia por muchos años.
Según la investigación, sobornó a un juez y a varios funcionarios que trabajaban con él con más de $2.500 millones para que dictaran a su favor una medida cautelar en la que se ordenó que Hyundai solo realizara negocios con él en el país.
Eso también conllevó a que presuntamente, según la Fiscalía, sobornó a otra juez identificada como Carmen Hernández, quien fue condenada por aceptar que recibió dinero del empresario para favorecerlo en una decisión relacionada al caso Hyundai.
Mattos el pasado mes de octubre fue detenido por las autoridades españolas por orden de la Audiencia Nacional, pero por complicaciones de salud cardiacas el empresario fue llevado y privado de la libertad en una enfermería del municipio Soto del Real, localizado en la comunidad autónoma de Madrid.
Esta es la segunda vez que profieren un concepto favorable. La primera se hizo el año pasado, pero el Tribunal Constitucional de España la había suspendido.
El empresario Carlos Mattos, investigado por presunta corrupción, tendría un ‘pie’ dentro de tierras nacionales luego de que la Audiencia Nacional de España emitiera un nuevo concepto en el que autorizó que fuera entregado a la justicia colombiana.
Según un auto de la justicia extranjera, estaban cumplidos los presupuestos sobre el procedimiento tras recopilar la documentación necesaria, así como las exigencias del tratado de extradición y las garantías que España le solicitó a Colombia.
Asimismo, consideró que la nacionalidad española de Mattos no era motivo para negar la extradición, pues su vida laboral la ha desarrollado en Colombia, donde tiene familiares.
Esta es la segunda vez que profieren un concepto favorable. La primera se hizo el año pasado, pero el Tribunal Constitucional de España la había suspendido.
El empresario es esperado por la justicia colombiana para que responda por los dos procesos en que fue señalado de cohecho y tres delitos informáticos.
Mattos es señalado de sobornar presuntamente a funcionarios de la Rama Judicial en un proceso que enfrentaba con la empresa coreana Hyundai Motor Company, la cual representó en Colombia por muchos años.
Según la investigación, sobornó a un juez y a varios funcionarios que trabajaban con él con más de $2.500 millones para que dictaran a su favor una medida cautelar en la que se ordenó que Hyundai solo realizara negocios con él en el país.
Eso también conllevó a que presuntamente, según la Fiscalía, sobornó a otra juez identificada como Carmen Hernández, quien fue condenada por aceptar que recibió dinero del empresario para favorecerlo en una decisión relacionada al caso Hyundai.
Mattos el pasado mes de octubre fue detenido por las autoridades españolas por orden de la Audiencia Nacional, pero por complicaciones de salud cardiacas el empresario fue llevado y privado de la libertad en una enfermería del municipio Soto del Real, localizado en la comunidad autónoma de Madrid.