En estos días, la opinión local se sacude nuevamente con el tema de la corrupción creciente en las prácticas políticas, tema de mucha trascendencia en la medida en que ahí está una de las causas, sino la principal, de tanto descaro y tanta descomposición en el manejo de la cosa pública, quiero referirme breve pero contundentemente a los costos de las campañas y sus podridas consecuencias.

Sobre los topes legales nadie duda que son vulnerados sin recato, si cualquier autoridad de las competentes hiciera el ejercicio de cuantificar costos de la publicidad visual, con ese solo elemento, más de una campaña y más de un candidato debería ser sancionado, aquello de que la ley se hizo para burlarla aquí pareciera magnificarse, los excesos saturan al ciudadano y destruyen su confianza y su motivación para participar cumpliendo con el deber constitucional de votar.

Esto lo sabe Raymundo y todo el mundo, el Consejo Nacional Electoral -CNE- no escapa a la desacreditación de todo lo que signifique justicia o control en Colombia, candidatos que llevan meses con publicidad política disfrazada, pasándose la ley por la faja y lo que es peor despreciando al ciudadano y subestimando la potestad que este tiene de sancionar con su voto al infractor.

Toda la responsabilidad recae en el candidato, no hay manera de eludirla o trasladarla y por supuesto en quien debe hacer respetar la Ley, investigando y sancionando, pero no lo hace, ya para favorecer al candidato o partido de su preferencia o de pronto porque va de por medio una coima o jugosa tajada generalmente untada con grandes dosis de mermelada.

Pues bien, respetados ciudadanos, permítanme decirles que esto que he escrito es lo de menos, lo más grave es que hay un “gasto” en las campañas que recoge toda la perversidad del sistema y que registra valores en cuantías millonarias que es el famoso “arreglo de líderes”, advierto que en esa denominación de “líderes” caben desde el más humilde hasta el más encopetando dirigente o candidato en retirada, alcaldes en ejercicio, candidatos a alcaldías (la tarifa de estos fluctúa entre 50 y 300 millones dependiendo del censo electoral de cada municipio o de los votos que prometa poner) y así en guardada proporción dependiendo del cargo o corporación a la que se aspire.

Hay expertos, yo diría casi pioneros en esta vergonzosa práctica, que ya hacen los arreglos en combo, en la pasada elección de Congreso a los concejales los “arreglaban” por paquetes, como “comprando puercos”, como lo advirtió mi admirado amigo Jairo Becerra en su amado San Diego.
Esto no es exceso, ni violación de topes, es un delito y quien lo realiza es un delincuente y como tal debe pagar su delito.

Le he solicitado al doctor Álvaro José Soto, Directivo Nacional de mi partido el CD, asumir el compromiso de denunciar y de exigirle a los organismos de control efectiva intervención, especialmente al CNE y a la Procuraduría y que se apoye si es el caso, en organismos no gubernamentales como la MOE y en los medios de comunicación que aun honren la independencia y la investigación como sustanciales del periodismo.

También caerán esos politiqueros abusadores y mercaderes de la opinión libre y soberana del ciudadano, particularmente si este pertenece a un grupo de población vulnerable. Dios los bendiga.