Era una mañana calurosa en Tierra Grata, la vereda en la que habitan más de 300 personas, entre excombatientes de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), víctimas del conflicto armado y otros ciudadanos. 

En medio de un recorrido por los proyectos productivos que tienen los firmantes del Acuerdo de Paz en este lugar cuya extensión es de alrededor de 80 hectáreas en jurisdicción del municipio de Manaure, Cesar, algunos de ellos manifestaron que ese pacto con el Gobierno nacional se habría implementado a paso lento. 

“En estos 6 años no ha habido voluntad política, la idea era hacer trizas el Acuerdo, desgastarnos, el Gobierno solo dio los $8 millones, el resto hay que agradecérselo a la cooperación internacional”, expresó uno de los reincorporados desde la ferretería que crearon a través de una asociación de 92 de ellos. 

COOPERACIÓN ALEMANA

Una de esas organizaciones es la Fundación Evolución Caribe, creada por un economista y sociólogo de  la República Federal de Alemania. 

Eugenia Mier, directora de proyectos de la institución, dijo a EL PILÓN que trabajan para el fortalecimiento de la participación y el desarrollo económico de las víctimas del conflicto armado y social de Colombia, pero también con población en proceso de reincorporación. 

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“Desde 2020, venimos desarrollando un proyecto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania mediante el cual acompañamos el fortalecimiento de organizaciones que fueron creadas en el Acuerdo de Paz. La Fundación tiene presencia en Bolívar, Sucre, La Guajira y Cesar”, explicó Mier. 

PUNTOS DEL ACUERDO: 1. REFORMA RURAL INTEGRAL 

El Acuerdo de Paz, firmado en 2016 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, tiene 6 puntos principales; el primero de ellos es la Reforma rural integral, lo cual incluye “contribuir a la transformación estructural del campo, cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, integrar regiones y territorios y contribuir  a erradicar la pobreza y promover la igualdad”. 

Sin embargo, Gilberto Giraldo, excombatiente, asegura que las dificultades con este punto habrían iniciado desde que ellos comenzaron el proceso de reubicación: “Algunas administraciones querían que estuviéramos en lo más alto de las montañas, lejos, donde nadie pudiera visitarnos, donde no hubiera contacto con la población”. 

Según Giraldo, el Acuerdo de Paz estuvo “estancado” en el Gobierno de Iván Duque “porque no fue posible que lograra entender la importancia de sacar adelante este primer punto de resolver el problema de la tierra”. 

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ALGUNOS PASOS DE ESA REFORMA

Los firmantes tienen altas expectativas con el Gobierno de Gustavo Petro, cuya exministra de Agricultura, Cecilia López, aseguró que la reforma agraria era posible con las leyes existentes del país. 

No obstante, esta cartera y la bancada del Pacto Histórico radicaron un proyecto en el Congreso  que busca que el campesinado tenga un acceso progresivo a la tierra. 

Algunos de los instrumentos de la reforma, según López, son la adquisición de la tierra, la titulación de la misma, distribuir los predios que estaban en manos de narcotraficantes y la productividad de los terrenos. La meta son tres millones de hectáreas. 

2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA

El segundo punto es la garantía de participación política, la cual tiene que ver con “nuevos escenarios políticos, fortalecer el pluralismo y la inclusión”. 

Así las cosas, quedó definido que los excombatientes tenían derecho a 10 curules en el Congreso de la República, entre Senado y Cámara, por dos períodos legislativos, desde 2018, sin importar el número de votos obtenidos en las urnas. 

Los miembros de las antiguas  FARC crearon el partido político Comunes que avaló a la senadora cesarense Imelda Daza Cotes. 

CURULES PARA LAS VÍCTIMAS 

“Pero es el colmo que el hijo de Jorge 40 haya quedado como representante  de víctimas del Caribe en el Congreso”, expresó Wilman Aldana sobre Jorge Tovar Vélez, quien ocupa una de las 16 curules que también resultaron del Acuerdo. 

Tovar quedó electo por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) número 12 que comprende a los departamentos Cesar, La Guajira y Magdalena.

3. FIN DEL CONFLICTO

El tercer punto del Acuerdo fue titulado Fin del conflicto, este establece la terminación “de manera definitiva, de los ataques ofensivos entre la fuerza pública y las FARC-EP”, así como hay que “detener las hostilidades y cualquier acción que afecte a la población civil”.  

Además, indica que dicho grupo debe “dejar las armas e iniciar el proceso de reincorporación para implementar el Acuerdo de Paz”. 

“Hay que fortalecer el Sistema Nacional de Atención a las Víctimas”: Mario Ríos

“DESARMAR” LA PALABRA

Sobre este componente, Sabas Duque, firmante, asevera que “aunque era importante entregar las armas físicas, bélicas, hay que detenerse a pensar si eso es suficiente para construir paz”. 

Según Duque, también es necesario que cada persona “desarme sus palabras y actitudes” para llegar a la tranquilidad social. 

“Paramos una guerra que nos generaba muertos y desplazamientos, pero continuamos generando conflictos familiares, comunitarios… Lo que estamos haciendo es reciclando odio, rencores y resentimientos, así no vamos a llegar a ninguna parte”, expresó. 

La entidad que acompaña a quienes dejaron las armas es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que tiene presencia en todo el país, a través de sedes y profesionales que orientan a los excombatientes para que alcancen sus metas de vida, y fortalezcan los lazos con sus familias y la comunidad, a través de diferentes procesos. 

4.  SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Durante la tertulia ‘Diálogos del Acuerdo de Paz’, realizada en Tierra Grata, un patrullero de la Policía expuso el punto 4 del tratado: Solución al problema de las drogas ilícitas. 

“El Gobierno ha venido implementando una solución para el campesino, que es abusado por los narcotraficantes debido a sus necesidades, manifestándole que le da tierra para que cultiven café, plátano… pero que dejen de cultivar drogas”, dijo Yoibar Arias Meneses. 

El miembro de la Fuerza Pública añadió que recientemente realizaron allanamientos en el corregimiento San José de Oriente y en la vía  a Manaure, por lo que han instalado puestos de control en la zona. 

5. ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

Expertos argumentan que el centro del Acuerdo son las víctimas del conflicto, cuyo punto es el número cinco. Sin embargo, EL PILÓN dialogó con Mario Ríos, director de la Unidad para las Víctimas en el Cesar y La Guajira sobre el impacto de la presunta poca implementación del Acuerdo en la población afectada. 

“Creemos que el Plan Nacional de Desarrollo nos va a permitir tener elementos para avanzar en cada una de las reparaciones  integrales, tanto individuales como colectivas, y que nos permita identificar el avance de cada uno y hacer correcciones”, explicó Ríos. 

El Acuerdo creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, donde están entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que “contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales”, según el documento, y la Comisión de la Verdad. 
El objetivo es, de acuerdo con información oficial, “Investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; contribuir al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, buscar a las personas desaparecidas y reparar los daños causados a las personas, colectivos y territorios”.

6. IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN 

La Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también hace presencia en Tierra Grata, su papel es comprobar que el Acuerdo de Paz se cumpla, en especial los puntos de reincorporación social, política y económica y las garantías de seguridad para los firmantes y sus familiares. 

Pero también hace verificación de la reforma rural integral y el avance del capítulo étnico del Acuerdo, la ONU está articulada con diferentes entidades, entre ellas la JEP.

Uno de los objetivos de la implementación es “promover el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad para construir confianza e inclusión; comprobar el estado y los avances del Acuerdo e identificar los retrasos y deficiencias de la implementación”. 

Por Andrea Guerra Peña. / [email protected]