Un debate ha generado la decisión del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, de bloquear en la red social Twitter  a Sergio Araujo, miembro del Centro Democrático. El mandatario habría tomado la decisión luego de las críticas hechas por Araujo a una propuesta de Monsalvo.

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“¿Por qué me bloqueó @luismonsalvo?  1) Dije que pavimentó con plata de la gob (Gobernación) una vía a sus predios. Es verdad. 2) Dije que no ha girado #MatriculaCero a @Unipopularcesar. Es verdad. 3) Dije que gastará $150 mil millones en el Centro Cultura Vallenata, mal ubicado. Es verdad (sic)”, trinó el excandidato a la Alcaldía de Valledupar Sergio Araujo.

Similar caso vivió EL PILÓN. Al parecer, como respuesta a un informe sobre los problemas disciplinarios que enfrenta como exalcalde de La Jagua de Ibirico, y que le generó una sanción definitiva de la Procuraduría General de la Nación de suspensión por seis meses  en ese cargo, el senador Didier Lobo decidió bloquear la cuenta de Twitter de EL PILÓN. ¿Es democrático que un senador bloquee a un periódico regional por registrar una sanción?

Pero, ¿pueden los funcionarios elegidos por voto popular bloquear a usuarios en las redes sociales? A finales de 2019, el ciudadano Iván Darío Hernández Rodríguez presentó una tutela para que el expresidente Álvaro Uribe lo desbloqueara de Twitter. Según reportes periodísticos, el ciudadano pidió que se le protegiera el derecho a  “ejercer control ciudadano sobre las actividades públicas”.

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Por su lado, el abogado Hugo Mendoza considera que los funcionarios sí pueden bloquear usuarios porque “la apertura de redes sociales no es una obligación legal, entonces quien abre puede llevar a cabo actos como el bloqueo” por diferentes variantes.

“Por ejemplo, Sergio Araujo advierte que el gobernador lo bloqueó, esto no está tipificado como falta disciplinaria expresamente. Un servidor público puede hacer uso de esa facultad por múltiples razones como, por ejemplo, irrespeto, amenazas, presiones, etc., esas son normas de textura abierta, es decir, en el tema de redes hay mucha liberalidad para tener o no tener redes sociales y para bloquearla”, señaló el abogado.

La postura del abogado es diferente a la expuesta en países como los Estados Unidos y las que podrían derivarse de la Ley de información pública de Colombia, 1764 de 2014. En efecto se ha considerado por los tribunales del país del norte que las cuentas de redes sociales de los funcionarios estadounidenses constituyen foros públicos cuando las usan para compartir información sobre cuestiones de su ejercicio público.

 Además, expertos han manifestado que la actuación de los funcionarios, aunque fuere legal,  podría manifestar el carácter poco tolerante de poderosos gobernantes y políticos frente a las  críticas a las que normalmente están expuestos.    

DISPUTA POLÍTICA

Las diferencias entre el gobernador Monsalvo y Sergio Araujo, del Centro Democrático y cercano al ejecutivo nacional,   vienen de tiempo atrás. Con la llegada del uribismo a la Presidencia de la República, este grupo político conquistó espacios en la Universidad Popular del Cesar, UPC, además, Araujo fue designado como representante del Gobierno nacional en el consejo de Corpocesar. 

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En la UPC, Sergio Araujo fue el padrino político de la candidatura de Darling Guevara como rectora, sin embargo, Guevara fue removida del puesto en mayo del 2020 por una demanda. Mientras Araujo tuvo influencia  en la principal universidad pública del departamento, el gobernador se mostró distante y tampoco acudió a ningún evento público con alguna autoridad universitaria.

Contrario ahora que el rector encargado José Sierra es cercano. Y así lo reconoció el gobernador Luis Alberto Monsalvo en el evento realizado este martes por la noche en la Gobernación del Cesar, donde además  de anunciar la matrícula cero para los estudiantes del Sisbén 1 y 2, posó en una foto al lado de un rector de la UPC, luego de mucho tiempo.

“En los consejos superiores sucede algo atípico: a los gobernadores no se les reconoce como un aliado. Y el mejor aliado de la universidad es el gobernador porque puede invertir en infraestructura, en mejoramiento de la calidad. Lamentablemente, en este caso particular, en mí primer gobierno no existió la intención que el gobernador fuera un elemento clave al interior del Consejo Superior. Prácticamente decidí dar un pie al costado porque nunca me consideraron aliado”, contó Monsalvo a EL PILÓN.

Reconoció que el año pasado la dinámica fue similar, “no tuvimos mayores posiciones”, cuando estuvo a cargo Raúl Gutiérrez como rector encargado, cercano al grupo de Sergio Araujo. Sin embargo, la llegada de José Sierra cambió las relaciones. 

“Hoy estamos en un escenario diferente. El nuevo rector ha estado más cerca de nosotros y uno lo que necesita es un rector que le dé confianza a la administración. Sentimos que tenemos garantías en la rectoría de la UPC, sentimos que quieren apoyarse en nosotros, y nosotros vamos a tratar de sacarla adelante”, agregó.

Claramente cambiaron las cosas, principalmente porque Sierra es cercano al palacio de gobierno. Incluso, su elección se dio en medio de una polémica sesión del Consejo Superior Universitario, en el despacho de la Gobernación, en la que votaron solo tres integrantes (los representantes de los exrectores y gremios, y el delegado del gobernador del Cesar), sin la participación de la delegada de Presidencia y la del Ministerio de Educación.

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Además, no se permitió la participación de representantes de estudiantes y docentes, recién elegidos, porque el nuevo consejo no reconoció dicha elección por haberse desarrollado cuando el rector Sierra la había dejado sin efecto. El tema ahora será resuelto en instancias nacionales administrativas y probablemente por decisión judicial.

En conclusión, José Sierra está como encargado y el proceso de Darling Guevara aún cursa en el Consejo de Estado. En caso de fallar en contra de Guevara, la universidad tendría nuevamente elecciones, pero si la decisión favorece a la exrectora, el grupo de Sergio Araujo volvería a la rectoría de la UPC, lo cual podría significar una nueva ruptura entre la Gobernación y la parte administrativa de la universidad.

Por Redacción/EL PILÓN.