La larga vida de combatiente que tuvo Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, como comandante del Bloque Norte de las AUC, hizo que  en varias oportunidades presidiera estruendosos crímenes en el departamento del Cesar.

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De acuerdo al expediente que un día Tovar presentó en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, él tiene 40 radicados originados por compulsa de copias de la Dirección de Justicia Transicional, de las cuales dos procesos cursan en el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de Valledupar y seis son adelantados por la Fiscalía 44 Especializada de Desaparición y Desplazamiento Forzado de la capital del Cesar.

Hoy muchos estarían saldados de no ser porque el 19 de agosto de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la exclusión de Tovar Pupo de la Ley de Justicia y Paz, permitiendo que se reactivaran las investigaciones en su contra en la justicia ordinaria.

En el departamento, por ejemplo, las causas judiciales son una extensa lista en la que ‘Jorge 40’, en su mayoría, fue vinculado como persona ausente a través de la Fiscalía 63 Especializada delegada ante los jueces penales del circuito especializado de Bogotá.

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Los hechos son sendas historias de horror que marcaron de punta a punta a la región por los homicidios, las desapariciones, los desplazamientos forzados y torturas que sufrieron las comunidades.

EL PROFESOR MONTERO

Era un 27 de mayo de 2004 cuando al profesor Javier Enrique Montero Martínez, la muerte lo sorprendió en la terraza de su casa ubicada en la manzana 62 del barrio Los 450 Años de Valledupar.

“La víctima se encontraba (…) en compañía de sus dos menores hijos arreglando una motocicleta de su propiedad, al sitio acudieron los homicidas, uno de los cuales quien luego de identificarlo procedió a dispararle en múltiples ocasiones causándole heridas mortales, para posteriormente emprender la huida por el sector conocido como el Palmar, zona aledaña a la residencia”, reza la sentencia de Jair Domingo Plata Rodríguez, alias Emiliano, uno de los condenados por el hecho.

Javier Montero era conocido como una persona sin enemigos, docente del colegio Divino Niño, afiliado al Sindicato de educadores del Cesar, Aducesar; por eso su inesperada muerte fue recibida con asombro. Sin embargo, tiempo después tres hermanos y el padre de la víctima al unísono lograron predecir de dónde, posiblemente, provenía el crimen.

En la declaración que rindieron comunicaron que al parecer lo cometieron los paramilitares dado que  la entonces compañera sentimental de Montero tenía un pariente que militaba en el ELN. La versión fue corroborada por Jeimer Pastor Herrera De La Hoz, alias ‘Pringa’, y otros dos exparamilitares más bajo al mando de ‘Jorge 40’.

EL VIAJE SIN REGRESO DE UNA COMISIÓN DEL CTI

La última vez que la familia Anillo Trocha supo de su ser querido, Mario Abel, fue el ocho de marzo del año 2000. El entonces agente del CTI de la Fiscalía habló por teléfono con su mamá para decirle que pasaba a saludarla a primera hora del día siguiente a su casa en Valledupar. Sin embargo, el saludo nunca llegó.

Pues a Mario Abel Anillo, la mañana del 9 de marzo, le tocó marcharse de prisa con sus compañeros Jaime Elías Barrios e Israel Roca Martínez, hacia el municipio de Codazzi, donde se encontrarían con cuatro compañeros más: Edilberto Arturo Linares Correa, jefe de la seccional de Codazzi; Carlos Arturo Ibarra Bernal, Hugo Alberto Quintero Solano y Danilo Carrera Aguancha.

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En una camioneta partieron a zona rural del municipio de La Paz con el fin de inspeccionar el cuerpo de un vendedor de paletas, pero terminaron sentenciando sus propias muertes. Aunque por este caso hay varios judicializados, entre esos Rodrigo Tovar, condenado a 25 años de prisión, las víctimas actualmente buscan que él colabore para encontrar los cuerpos.

“Nosotros como familia no sabemos por qué se los llevaron o por qué los desaparecieron. Ojalá que él (Tovar) pueda dar información para saber de ellos y algunos indicios  que permitan una búsqueda que conlleve a encontrar los restos”, dijo Olga Anillo Trocha, hermana de una de las víctimas.

LA DESAPARICIÓN DE LOS HERMANOS RÍOS

En la vereda Cabañas, del municipio de Codazzi, la desaparición de tres hermanos devastó a una familia. Se trató de Giovanni Arnobis Ríos Castellanos, Pablo Emilio Ríos Castellanos y Esneyder Darío Ríos Castellanos, quienes desde que salieron de su residencia el 29 de agosto de 2005 nunca más regresaron.  

Tiempo después, Oscar Ospino Pacheco, exmilitante de las AUC, aceptó la responsabilidad del Frente ‘Juan Andrés Álvarez’, del Bloque Norte, por la desaparición de los hermanos.

A estas historias se suman más de 10 casos que fueron documentados por la Fiscalía, ejemplo, la toma paramilitar de los corregimientos Valencia de Jesús y Aguas Blancas; el crimen de una jueza en Becerril y la muerte de otro docente, entre otros. En las tragedias, la responsabilidad es atribuida a Rodrigo Tovar Pupo de manera directa o por línea de mando.  

¿ES POSIBLE RESPONDER POR TODOS?

Pese a las más de 1.400 investigaciones y procesos en curso, Rodrigo Tovar, de ser condenado en la mayoría de los casos, no pagaría más de 60 años de cárcel, ya que es la pena máxima establecida en la ley colombiana. Además, explicó el abogado Benjamín Jaimes Quintero, especialista en Derecho Penal, “existe la figura de la acumulación de penas, pero hay que seguir un procedimiento reglado que la misma ley establece”. “Se toma una de las penas más antiguas y se va haciendo una sumatoria no aritmética sino por otro tanto de la pena y así sucesivamente hasta establecerse un monto final”.

El profesional agregó que en algunas oportunidades unas condenas no permiten ser acumuladas y otras no se materializarían, por la figura de prescripción, si debidamente ejecutoriadas llevan más de 11 años impuestas.

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En ese sentido, en el Congreso de la República cursa un proyecto que busca que los paramilitares excluidos de Justicia y Paz puedan ser fácilmente aceptados en la JEP para remediar sus cuentas y aportar a la verdad del conflicto armado interno. 

Cabe recordar que la expulsión de Tovar de la Ley 975 de Justicia y Paz se debió a que durante su participación de versión libre por cerca de dos años, “nada reveló sobre las fuentes de financiamiento de la organización que lideraba y la participación e involucramiento de figuras políticas, militares o empresariales  en las actividades delictivas de esa estructura; y se prolongó indefinidamente la dilucidación de la verdad”, según indicó la Fiscalía 58 delegada ante la Unidad Nacional Especializada de Justicia Transicional de Valledupar al momento de solicitar su retiro.

Ahora con su regreso de Estados Unidos, ‘Jorge 40’ tendrá la oportunidad de reivindicarse y contar todo  lo que sabe sobre  casos como la parapolítica, la alianza paramilitarismo-privados, entre otros.