El DANE es uno de los organismos del Estado cuyos informes y cifras les sirven a los gobiernos para planificar su accionar. Sin embargo, algunas de sus metodologías empleadas no consultan ciertas circunstancias fácticas al momento de construir algunos indicadores de los cuales podemos citar la tasa de empleo.

La metodología supone que una persona que, en la semana anterior a la encuesta nacional de hogares (ENH) haya devengado algún emolumento de al menos una hora, se considera empleado; esto es coherente con la reforma laboral propuesta por el gobierno cuando dice que para un ingeniero de sistemas dos horas son suficientes, ya es un empleo.

También incluye en el mercado laboral a todos los que se encuentren en la informalidad o cuentapropistas que no son empleados sino rebuscadores, lo cual no da estatus de empleado pues este requiere salarios, prestaciones y seguridad social.

En un país donde la informalidad asciende al 48.1% (DANE), no sería válido decir que tenemos 22.2 millones de empleados, de los cuales la informalidad aporta 10.7 millones; el resto que son 11.5 millones, corre por cuenta del gobierno central, los entes territoriales y el sector privado; según Fasecolda (2017), en todo el país hay 1.86 millones de empleados públicos, de los cuales 1.15 millones son pagados por el presupuesto general de la nación, PGN, y casi el 85% corresponde a Defensa y Educación (ver Presupuesto Ciudadano); el resto, 9.64 millones deberían ser contratados por los privados, un reto difícil de cumplir. Aún, incluyendo los que no deberían estar, las cuentas no dan; dicen que el desempleo es de 10.5%, pero comparando los supuestamente empleados con la población en edad de trabajar, PET, encontramos que el empleo asciende a 67.5% (22.2/32.9) y por lo tanto la tasa de desempleo sería 32.5%.

Con todos los sectores deprimidos, ¿se podrán generar casi 10 millones de empleo? ¡Mamola! Por eso le echan mano a cuanto carretillero que vende bananos en la calle. El maquillaje de cifras es evidente. Además, podemos ver algunas incongruencias: en Colombia la PET, está comprendida entre los 12 y los 65 años pero a los 12 años no se debe trabajar, es sancionatorio por considerarlo trabajo infantil; a esa edad se debería estar estudiando con cargo al Estado.

Sin embargo, a la hora de calcular el bono demográfico, el DANE toma las personas no entre 12 y 65 sino entre 15 y 65 años. Y, ¿qué es el bono demográfico? Es la proporción entre la PET (15 a 65 años) y el resto (<15 y > de 65).

Este bono ha venido creciendo; en el censo de 2005 se encontró que por cada 100 personas no aptas para trabajar por sus edades, existían 174 aptos mientras que en 2018 este indicador subió a 214, incrementándose en 25.9%.

Esta es una situación peligrosa; cuando el bono demográfico sube sin que haya una respuesta proporcional en la generación de empleo, la situación puede volverse crítica y alterar la tranquilidad ciudadana; eso es lo que estamos viendo en Colombia, no es el Foro de Sao Paulo, ni la revolución bolivariana, ni los caprichos de la “fracasada izquierda”.

¿Qué pasó aquí? La PET aumentó del 62.9 al 68.2% (5pp) mientras que el resto disminuyó al pasar de 37.03 a 31.7 (5.33pp), siendo el más disminuido el segmento menor de 15 años. Nos estamos quedando sin generación de relevo.