Después de que líderes de la comunidad de Aguas Blancas presentaran un derecho de petición para comprobar cuál es la destinación que se le está dando a los dineros recaudados del contrato 007 de 2010, en el proyecto Ruta del Sol Tercer Sector, ante la Agencia Nacional de Infraestructura, esta entidad entregó una respuesta a dicha inquietud.

La ANI hizo claridad en que por diferencia entre los contratos de concesión y los contratos de obra pública, los recursos públicos que a ellos se destinen se ejecutan en distinta forma. Así se expone en dicho documento que por el objeto del contrato “la retribución al concesionario proviene de una bolsa de recursos consistentes en vigencias futuras y recaudo de peajes que, sin perjuicio de la vigencia, fase o estado del proyecto, cubrirá las todas las obligaciones del concesionario contempladas en la sección 2.05 del contrato de concesión, tales como obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento, gestiones ambientales y prediales, garantías, diseños, financiación, etc”.

De esta forma, finaliza la ANI, no es viable acceder a la petición de la comunidad dado que es una obligación que debe mantenerse vigente y que desde el punto de vista financiero se debe mantener el equilibrio económico del mismo contrato y no alterar el Vpit (Valor Presente de los Ingresos Totales).

A pesar de esto, como explicó Juan David Jiménez Mulford, uno de los líderes de esta acción, la ANI en la misma respuesta les ratificó que ya abrió 70 procesos administrativos sancionatorios por presuntos incumplimientos, aunque en la misma se aclara que no existe una declaratoria en firme de incumplimiento respecto al contrato en general.

“Sin embargo, la concesionaria se apoyó en un tribunal de arbitramento internacional que por el momento suspendió provisionalmente la ejecución del contrato”, indicó Jiménez Mulford quien hizo referencia a que con este derecho de petición ya agotaron el requisito de procedibilidad y ahora pretenden instaurar una acción popular esta semana.

“El Consejo de Estado a través de la línea jurisprudencial ha establecido que solamente se puede suspender el contrato por un acuerdo de voluntad entre las partes; la ANI y la concesionaria. En este caso quien suspendió el contrato fue un tercero, el Tribunal de Arbitramento a favor de la concesionaria y desde el punto de vista jurídico es un exabrupto”, explicó Jiménez Mulford.

Agregó también que una de las pretensiones ahora es que el Tribunal Administrativo suspenda esa providencia arbitral.
Mientras tanto, José Zapata, líder de Aguas Blancas, reiteró que lo que buscan es hacer el llamado al estado para que tome medidas, porque se están cometiendo una cantidad de irregularidades.

“El estado de la vía, la nueva, es un sueño prácticamente y están afectando a las comunidades. No están haciendo lo que se comprometieron y le están cobrando a los usuarios unos dineros”, aseguró Zapata, quien recordó que Yuma no ha cumplido con las metas en mantenimiento, vías nuevas, aspecto ambiental, entre otros.

Daniela Rincones Julio/ EL PILÓN
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