La protesta que protagonizaron ayer los comerciantes informales de la carrera séptima de Valledupar, volvió a poner sobre el tapete la imposibilidad de las diferentes administraciones de turno para recuperar el espacio público de la famosa calle del Cesar y sus alrededores, donde caminar por las zonas peatonales resulta tedioso debido a la invasión de vendedores a la intemperie.

Los cerca de 500 miembros de la Asociación de Vendedores Móviles y Estacionarios de Valledupar, Asoveme, reclaman al alcalde Augusto Ramírez Uhía garantías de reubicación, tras conocer que volvió a empantanarse el proyecto del centro comercial La Granja, que iba a ser incluido en los 56 mil millones de pesos que cuesta el nuevo mercado de la ciudad, para el cual no hay fuentes de financiación.

Los miembros de Asoveme, conscientes de que viven en la informalidad, tienen el temor de que en la conocida calle del Cesar pase lo mismo que en el balneario Hurtado, donde se realizó la recuperación del espacio público sin importar las protestas de decenas de vendedores que llevaban más de 15 años trabajando en las zonas comunes de este sitio turístico.

Sin embargo, la firmeza con la que se ha venido recuperando el espacio público la actual administración municipal se ha doblegado en la carrera séptima y en las afueras de la Institución Educativa José Eugenio Martínez, donde también se ha dilatado el proceso de reubicación de los vendedores de comidas hacia un lote en el barrio Villa Miriam, anunciado hace dos meses.

Consideramos que es necesario que las acciones de Secretaría de Gobierno Municipal no solo estos se centren en puntos, sino que le apunten a controles permanentes a lo largo y ancho de la ciudad, porque la informalidad está ganando la batalla en las avenidas y esquinas de los barrio populares, donde por cuenta del desempleo se ha disparado el rebusque con negocios informales ambulantes y estacionarios.

Así las cosas, aunque la invasión de espacio público es palpable en toda la ciudad, el problema de la calle del Cesar es especial porque tiene un monumento en el barrio La Granja. Son más de 10 años los que lleva ese ‘elefante blanco’ que nació con 3.000 millones de pesos en el mandato del entonces alcalde Ciro Pupo, sin que sus sucesores lo hayan podido terminar, reflejando mala planeación de este y otros gobiernos en la inversión de recursos para la recuperación del espacio público. A Augusto Ramírez Uhía se le está agotando el tiempo en el palacio municipal y la solución a este histórico caso volverá a quedar en promesas y como herencia maldita pasará al próximo alcalde.