El pasado miércoles, diez representantes de empresas de diversos ámbitos: locales, nacionales e internacionales, nos reunimos en el despacho de la gobernadora del Cesar, con la esperanza de discutir el polémico proyecto de ordenanza “Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, que propone imponer un impuesto al consumo de servicio de energía. Aunque el diálogo era esperado como un espacio para plantear alternativas, muchos de nosotros salimos con una sensación amarga, de inconformidad e impotencia. El mensaje que percibimos fue claro: el impuesto va.

Dentro de los compromisos alcanzados, la gobernación aseguró buscar espacios de socialización previos al segundo debate en la Asamblea. Sin embargo, el panorama para quienes conformamos el sector productivo es sombrío. El Cesar atraviesa una crisis económica crítica, con una inflación y tasas de desempleo de las más elevadas del país, y niveles de informalidad que ya sobrepasan lo sostenible. El impacto en el empleo formal es latente y, en medio de estas adversidades, la imposición de una tasa adicional en los servicios esenciales parece ignorar esta realidad.

Con el alza de salarios cercano al 25 % en dos años, las reformas laborales y fiscales en curso y un entorno cada vez más exigente, los empresarios han tenido que rediseñar sus procesos, modificar horarios, optimizar funciones, y hasta recurrir a fuentes de energía como los paneles solares para reducir costos. Sin embargo, la “Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana” con unas tarifas que denotan sevicia —dirían en el argot del derecho— incluso contempla gravar también estas iniciativas de energía alternativa, lo que convierte una solución sostenible en otra carga tributaria.

Es entendible que la Gobernación requiera recursos para fortalecer la seguridad. Todos estamos de acuerdo en que el Cesar necesita un cambio profundo en la lucha contra la delincuencia. No obstante, resulta preocupante que se busque cubrir esta necesidad a través de medidas que castigan al sector formal. Imponer tasa al consumo desincentiva la inversión de tajo, porque a mayor infraestructura, mayor consumo y por ente mayor valor a pagar como tasa. Por qué no pensar en valores fijos por rangos de consumo y definiendo topes o un valor máximo a pagar. Prioritario conocer el plan integral de seguridad y convivencia, su costo total y el presupuesto que hace falta para lograr su ejecución. 

El Cesar alberga tres tipos de empresas: las internacionales, que al ver comprometida su rentabilidad pueden trasladar sus operaciones a otros departamentos o países, ya DPA cerró su planta en Florencia, Caquetá; las nacionales, que en un entorno adverso, buscan ciudades con mayores facilidades, y ya hemos visto el cierre de tiendas como D1 e Ísimo en la región; y finalmente, las empresas locales, para quienes permanecer en la formalidad es la única opción, pero que cada día enfrentamos mayores riesgos de cierre definitivo o transición hacia la informalidad. 

Al cierre de la reunión, un comentario de unos de los asistentes resumió el sentir de muchos: “Ojalá aparezca un loco que quiera invertir en el Cesar, para venderle mi negocio”. ¿No es esto una señal de alerta para nuestra dirigencia? Gobernación, alcaldías, congresistas, diputados y concejales, este no es el momento para este tipo de medidas. La propuesta de imponer una tasa adicional sobre el consumo de energía, servicio básico para el funcionamiento de nuestros actores productivos, no solo es inconveniente, sino que podría ser un golpe irremediable al tejido empresarial local. Y duele, hay que decirlo, en campaña no se cansan de llamar para coordinar visitas, pero frente a un proyecto de tanta repercusión para las empresas y el sector productivo, ni un mensaje de WhatsApp, adjuntando el proyecto de ordenanza para escuchar las observaciones de los directamente comprometidos.

La Gobernación debe considerar que, para fortalecer la seguridad, no es necesario castigar al sector productivo. La sostenibilidad económica y el progreso requieren de una administración consciente de los efectos de cada decisión y de una visión que integre el crecimiento económico y la seguridad sin detrimento de los mismos sectores que impulsan el desarrollo de nuestra región. Y como le dijimos al finalizar la reunión, siempre ha contado y seguirá contando con los gremios para construir seguridad y desarrollo económico en nuestro departamento. 

Por: Ricardo Reyes.