Por estos días se han notado señales un poco extrañas en materia de seguridad ciudadana en el Cesar y la región, intentos de invasiones de tierras, reactivación de secuestros, incremento del abigeato, grupos armados ilegales impartiendo órdenes en algunas zonas rurales, entre otros hechos de similar preocupación que se han constituido en noticia en los últimos tiempos y que ya inquietan a la gente.

Pero sumado a eso, ahora surgen de nuevo, como en la época del conflicto armado, las amenazas a periodistas en ejercicio de su profesión, episodio negro que ya se creía superado, pero no, tal parece que el riesgo sigue latente para los comunicadores que se atrevan a denunciar o “poner el dedo sobre la llaga”.

Esta semana se conoció de actos de hostigamiento e intimidación contra el periodista Enrique Camargo Plata, reconocido por su larga trayectoria en la radio de Valledupar, quien ahora dirige un espacio noticioso y de opinión que se emite por distintas plataformas digitales.

También fue noticia las amenazas de muerte esta misma semana contra dos periodistas del vecino departamento de La Guajira, exactamente de la ciudad de Riohacha, son ellos Ronald Socarrás y Manuel Mejía, ambos activos en el oficio de investigar e informar a la ciudadanía.

En sendos casos, tanto en el de Valledupar como de Riohacha se observa el mismo modus operandi de los delincuentes: sujetos desconocidos intimidan con acciones sospechosas y dejan mensajes con amenazas de muerte a los periodistas que de una u otra manera les están generando inconvenientes a sus ‘patrones’ o jefes.

Estos detestables y repudiables hechos delincuenciales se presentan justo cuando a escasas horas se cumplen los 23 años del asesinato del periodista Guzmán Quintero Torres, quien fuera jefe de redacción de EL PILÓN y resultó víctima del accionar de los grupos armados ilegales que ejercían su hegemonía en la región en esa época de ingrata recordación.

Desde esta tribuna expresamos nuestro rechazo a esa situación y manifestamos nuestra solidaridad a los periodistas víctimas de estos preocupantes episodios.

La situación amerita el pronunciamiento de las distintas agremiaciones de periodismo y que la institucionalidad conmine a los órganos competentes para que se investigue y se detecte a tiempo lo que realmente está pasando en nuestro entorno regional.

Lo importante es actuar de manera oportuna antes de que el problema se agudice y adquiera otras dimensiones que después, tal vez, podrían salirse de todo control.

La institucionalidad está obligada a garantizarle a la ciudadanía el derecho a estar informada y a los periodistas el del libre ejercicio de su profesión, solo con esas dos condiciones se puede lograr la consecución de una sociedad cada día más civilizada y en el camino correcto del desarrollo y el progreso.

Estos hechos no pueden pasar desapercibidos, el silencio y la pasividad frente a este tipo de actuaciones delincuenciales sería demasiado grave para todos. Son campanazos de alerta a los que hay que prestarles toda la atención del caso, pero con mucha anticipación para no tener que lamentar después.