La cínica insistencia del Gobierno Duque de querer tapar el sol con un dedo, y mostrarnos ante el mundo como un Estado respetuoso de los Derechos Humanos, se cae por su propio peso ante las contundentes cifras de desaparecidos, asesinatos de líderes sociales, masacres, o como se quiere llamar ahora: homicidios colectivos, muertes extrajudiciales, ocurridas en el marco del Paro Nacional.

Con todo, para la Consejera Presidencial Nancy Patricia Gutiérrez lo ocurrido durante el Paro Nacional, donde se evidenció el brutal uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, son considerados por el Gobierno como casos aislados, que están siendo investigados por las autoridades competentes (¡!). Desde luego tampoco se puede ocultar los saqueos a locales comerciales y oficinas, bloqueos de vías e incendios a los CAI, protagonizados por los manifestantes.  La respuesta a estos desmanes no puede quedarse solamente en la represión, es necesario abordar otras estrategias donde sea posible escuchar los reclamos de los manifestantes para saber qué quieren del Gobierno, antes de caer en el facilismo de estigmatizar la protesta.

Colombia debe reconocer, en primer lugar, que en efecto se han violado sistemáticamente los Derechos Humanos, que las instituciones del Estado no han dado una respuesta eficaz al problema; y en segundo lugar, ir al encuentro con   los jóvenes que protestan, muchos de ellos frustrados ante la amarga realidad de no tener los medios económicos para estudiar, y cuando lo logran, con mucho esfuerzo, entonces no consiguen trabajo, porque se exige una experiencia laboral que no tienen. Entonces pasan a ser una fría cifra estadística conocida como NINI (ni estudian ni trabajan). Esa tarea es inaplazable, en aras de encontrar consensos que ayuden a reconstruir el tejido social.

Ahora bien, el Código Penal tiene suficientes tipos penales para los desmanes que pueden ocurrir en una manifestación pública, tales como: incendio, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y terrorismo, entre otros. Consideramos que crear otro tipo penal denominado Terrorismo Urbano, además de no resolver absolutamente nada, será una frustración más para el pueblo colombiano que clama por un futuro mejor.

El Gobierno Duque prefiere recurrir al ordenamiento penal como forma de silenciar a las multitudes que reclaman legítimamente por la garantía del derecho al trabajo, a la educación y a la salud, en lugar de buscar consensos para salir de la crisis.

La frase de cierre: “Queremos la paz, pero no puede ser nunca mera ausencia de violencia, sino que debe ser presencia y vigencia de la Constitución, sin coacciones, extorsiones ni amenazas”: Fernando Savater.