El 9 de abril fue declarado por ley como el Día de las Víctimas. Se rememora el trágico asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, hito histórico que marcaría el inicio del “período de la violencia política”, que en la década de los 60 se transformó en el conflicto armado que aún no concluye y ha generado millones de víctimas.

¿Cuándo comenzó la violencia en Colombia? No hay claridad, ni acuerdo pleno, si fue en 1946, cuando asumió la presidencia Mariano Ospina Pérez, después de 16 años de gobierno liberal. El partido conservador no está de acuerdo y va más atrás, cuando se posesiona como presidente Enrique Olaya Herrera, en 1930.

Pero sí hay verdades evidentes que no se pueden discutir, como que en Colombia, a través de su historia republicana no se ha encontrado un mecanismo para resolver los conflictos por el poder y la propiedad de la tierra, sin recurrir a la violencia por parte de las élites nacionales y locales.

A finales del siglo pasado, Colombia se convirtió en el país con mayor desplazamiento interno de todo el planeta, proceso que se había venido dando desde 1948. En 1958, se inició el Frente Nacional, que aseguró un acuerdo de no agresión entre dirigentes liberales y conservadores pero que no restituyó las tierras perdidas por los campesinos de ambos partidos, que terminaron muchos de ellos en la miseria, refugiados en las grandes capitales del país.

El Frente Nacional también formalizó la negación de otras fuerzas políticas y, por supuesto, su acceso a la administración del Estado.

Por todo esto, de los campesinos, que han sido los mayores sufrientes nacieron el EPL, las FARC y el ELN, hace 50 años, en territorios de antiguas guerrillas liberales (Urabá Antioqueño, Sur del Tolima, Magdalena Medio santandereano).

La Ley de Víctimas es el inicio de una visión distinta para resolver el problema de la tierra y de los abusos contra la población rural. Se trata de restablecer el derecho de quienes perdieron familiares, seres queridos y bienes por causa de esta guerra sucia. El interiorizar que la tierra no puede ser expropiada, ni de forma violenta ni a través de argucias legales por funcionarios venales del Estado, que el Estado no puede ser botín de unos pocos que excluyen de su manejo a una gran mayoría de colombianos, es comenzar a terminar la violencia.