El despacho judicial desestimó el recurso presentado por tres ciudadanos contra la orden del Bienestar Familiar que dispone usar exclusivamente los términos “niños y adolescentes” en sus comunicaciones institucionales.
La cirugía bariátrica puede ser ordenada dentro del sistema de salud cuando existe una necesidad médica. La decisión depende de la valoración integral del paciente y no únicamente de su peso.
Durante mi paso por el Fondo de Vivienda Municipal, propuse realizar un avalúo actualizado del terreno a través de la Lonja de Propiedad Raíz. A partir de esa valoración, se podría generar un diálogo abierto con los herederos para lograr una adquisición negociada del inmueble, uniendo voluntades de los gobiernos nacional, departamental y local bajo el principio de corresponsabilidad.
EL PILÓN dialogó con la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Valledupar, la cual explicó que el municipio promovió la modulación del fallo con el propósito de que la orden de desalojo fuera sustituida por la adquisición del predio
La diligencia responde al auto 0163 del 28 de mayo, el cual reanudó el proceso por ocupación de hecho en el predio La Sabana 1.
La incertidumbre surge luego de que un ciudadano demandara la ley que creó la nueva jornada festiva, llevando el caso ante la Corte Constitucional.
Cuando se cumple un mes del fallo de la Corte Constitucional, el debate en Valledupar se concentra en el impacto laboral de la gallística. Según Fenagacol, cada gallo genera hasta cinco empleos directos. En la ciudad, entre 300 y 400 familias dependen de esta actividad.
Antes de este fallo, las familias propietarias habían solicitado la división del terreno, es decir, que cada parcela contara con una matrícula independiente, ya que actualmente todo el sector está bajo una sola matrícula.
La Corte Constitucional ordenó eliminar las peleas de gallos en tres años. Valledupar, donde esta práctica es símbolo de identidad y sustento para cientos de familias, enfrenta un dilema entre la tradición y el bienestar animal.
La revocatoria se produjo tras los recursos interpuestos por Gabriel Izquierdo Villafañe, Luis Enrique Salcedo Zalabata y Crispín Pérez.
En el fondo también está en disputa el control de Dusakawi EPSI, la entidad indígena de salud que atiende a los pueblos de la Sierra Nevada y que el próximo año estará a cargo de los arhuacos.
No se trata de soslayar los intereses propios de cada grupo social, que muchas veces se contraponen, sino de advertir lo avanzado en perspectiva de tramitar la convivencia armónica que demanda el territorio y la sociedad.
A través de un comunicado, la cartera aclaró que las actuaciones con los seis resguardos del pueblo Yukpa se encuentran sujetas a las órdenes judiciales emitidas por la Corte Constitucional.
EL PILÓN dialogó con Raúl Romero sobre cómo ha vivido la decisión del Consejo de Estado de anular su elección como diputado del Cesar. Romero habló sobre las bondades de la política, pero también qué lo ha desilusionado. Contó que aún está luchando porque se revise su proceso.
En el 2017, la Corte Constitucional ordenó a la Agencia Nacional de Tierras delimitar el territorio ancestral de la comunidad yukpa en el departamento del Cesar.
El pasado viernes arrancó oficialmente el calendario electoral para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.
La empresa Prodeco renunció, en julio de 2020, a continuar explotando las minas de carbón de La Jagua y Calenturitas.
A pesar del fallo de segunda instancia, el diputado Raúl Romero continúa sesionando en la Asamblea del Cesar tras solicitar aclaraciones al fallo basadas en presuntas contradicciones.
Los reclusos de ‘La Tramacúa’ indican que están sometidos a condiciones que vulneran sus derechos.
Jaime Araújo señaló que por sus posiciones en la Corte Constitucional se le catalogó como “opositor de Uribe”, “antiuribista número uno”, “enemigo del gobierno” y de promover un golpe de Estado durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
El alcalde sostuvo que era casi imposible desalojar a las 30.000 personas que viven en los barrios Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de la Popa y Bello Horizonte II.
Durante una rueda de prensa, el alcalde Ernesto Orozco aseguró que es casi imposible cumplir la sentencia de la Corte Constitucional del 2011, la cual ordena desalojar a los invasores de esos cuatro barrios.
El Consejo de Estado tumbó la medida cautelar y le permitió a Romero volver a sesionar.
El 21 de febrero de 2022, después de 5 votos a favor y 4 en contra, la Corte dio a conocer su decisión a través de la Sentencia C-055/22.
