El pronunciamiento de algunas autoridades, advirtiendo que el Decreto 0488 del 5 de mayo de 2025, emitido por el Ministerio del Interior, podría provocar una guerra civil, por cuenta de los conflictos de campesinos e indígenas en la Serranía del Perijá, es un mensaje que aflora tensiones y agrava fracturas que están vigentes, y no se pueden agudizar desde los parlantes oficiales.
No se trata de soslayar los intereses propios de cada grupo social, que muchas veces se contraponen, sino de advertir lo avanzado en perspectiva de tramitar la convivencia armónica que demanda el territorio y la sociedad. Los contenidos y alcances de la norma cuestionada tiene efectivamente aristas que derivan muchos inquietudes y confusión; su oportuna valoración, estudios e implicaciones resulta pertinente desde todas las instancias.
En su análisis no perdamos la dimensión del su acceso democrático, como está reglamentada la entidad territorial indígena demanda la voluntad de las autoridades de cada pueblo indígena, y allanarse a condiciones institucionales; ese factor volitivo en una comunidad “singular” como es el mundo yukpa, resulta preciso conocer su determinación y no concluir desde pragmatismos subjetivos.
