Es preciso hacer varias claridades frente a la decisión de la Inspección Séptima Urbana de Policía de Valledupar. En el marco de la querella, se fijó el lunes 31 de agosto para adelantar la diligencia de lanzamiento de los habitantes del predio Sabana 1, propiedad del señor Alberto Pimienta Cotes, hoy representado por sus herederos.
En Valledupar, el manejo de las inversiones del presupuesto público no puede seguir reduciéndose a pavimentación y obras de infraestructura. Si bien estas acciones son necesarias para el desarrollo del territorio, resultan insuficientes si dejamos atrás lo más importante: el capital humano. Hablamos de familias que no están solo en Sabana 1, sino en más de 30 asentamientos de origen irregular, conocidos como invasiones. Esta es la Valledupar oculta de la periferia, donde tenemos las brechas más grandes de pobreza y ausencia de institucionalidad. Lamentablemente, el tema solo vuelve a estar en boca de todos cuando se ordena una diligencia de desalojo.
El predio Sabana 1 abarca más de 27 hectáreas y comprende los barrios Brisas de la Popa, Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2. Allí conviven desde hace años unas 30 mil familias en 15 mil viviendas, lo que representa alrededor de 180 mil habitantes. Esta realidad hace inevitable regresar a una problemática que ha pasado por varias administraciones sin recibir una solución de fondo.
