A través de la Sentencia T-029 de 2025, la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de una serie de organizaciones que pedía a Prodeco instalar una mesa de participación para que socializara y llegaran a acuerdos para el cierre de las minas Calenturitas y La Jagua, que operaban en el departamento del Cesar. Las minas cerraron sus operaciones en 2021.
La Corte determinó que el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar vulneró el derecho fundamental al debido proceso al considerar que la empresa multinacional había cumplido con este proceso de participación tras realizar una reunión de socialización, llevada a cabo en noviembre de 2022 en los municipios de influencia.
