El Ministerio del Interior revocó la Resolución N.º 203 del 10 de octubre de 2025, mediante la cual se había registrado de manera transitoria a Zarwawiko Torres Torres como cabildo gobernador del resguardo indígena arhuaco de la Sierra Nevada, ubicado en los departamentos del Cesar y Magdalena.
La decisión, adoptada por la Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, se produjo en medio del prolongado conflicto interno que atraviesa el pueblo arhuaco por la representación de sus autoridades tradicionales.
De acuerdo con el documento, la entidad evidenció que persisten divisiones dentro de la comunidad y que no hubo consenso en la elección del cabildo transitorio, pues un grupo minoritario manifestó no haber participado en la elaboración de la ruta de armonización. Además, el Ministerio señaló que la convocatoria de los espacios electorales no garantizó la participación equitativa de las partes enfrentadas.
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“La simple convocatoria no se constituye como concertación de dicha ruta, sino que, por el contrario, el extremo mayoritario pretende que el minoritario se adhiera a su alternativa de armonización, elección y representación”, precisa la resolución.
El Ministerio también recordó que la Corte Constitucional ha recomendado la consolidación de una ruta de armonización en la que participen todas las facciones del pueblo arhuaco, proceso que aún no se ha concretado, lo que impide cualquier decisión definitiva sobre la designación de autoridades.
Oposición al registro
La revocatoria se produjo tras los recursos interpuestos por Gabriel Izquierdo Villafañe, Luis Enrique Salcedo Zalabata y Crispín Pérez, quienes argumentaron que el registro de Zarwawiko Torres se basó en una interpretación errónea de la Sentencia SU-419 de 2024, la cual, según señalaron, prohíbe registrar autoridades indígenas sin consulta previa con los mamos espirituales legítimos.
Los opositores también denunciaron la violación de los principios de autonomía y jurisdicción especial indígena, al desconocer el procedimiento ritual de designación de autoridades tradicionales mediante Bunkeyeka y verificación del Marunzzama, conforme al derecho propio iku.
Asimismo, advirtieron que la resolución desconoció disposiciones de la Corte Constitucional que ordenan actualizar los estudios etnológicos sobre el sistema de gobernanza y socializar la síntesis de la decisión en lengua Iku, pasos previos indispensables para cualquier registro de autoridad.
En otro recurso, el líder Crispín Pérez, autoridad mayor de Jimain y representante de la zona suroccidental del pueblo arhuaco, sostuvo que el procedimiento vulneró el principio de resolución autónoma de controversias y que el espacio de diálogo realizado en Simonorwa no cumplió con los parámetros fijados por la Corte Constitucional.
