EL PILÓN conoció que, a través de abogados, las más de 70 familias que tienen casas de campo en el sector conocido como Villa Concha, ubicado en la vía hacia el corregimiento de Río Seco, zona rural de Valledupar, presentarán una acción de tutela contra la decisión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y un juzgado civil de la ciudad que declararon baldío el predio de aproximadamente 200 hectáreas.
Según el concepto emitido por la ANT, el terreno identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 190-118415 no cuenta con los soportes que acrediten propiedad privada legítima. La entidad explicó que, tras revisar los registros en la Oficina de Instrumentos Públicos, el único antecedente encontrado fue una sentencia de prescripción de 1968, proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Valledupar, pero sin evidencia de títulos anteriores o cadena de dominio válida.
Contexto: ANT declaró baldío un predio de 200 hectáreas en Valledupar donde hay varias casas de campo
“No se determinó la existencia de un título originario expedido por el Estado ni de tradiciones de dominio inscritas antes del 5 de agosto de 1974, por lo cual el predio corresponde a un inmueble baldío de la Nación”, concluye el documento de la Agencia.
La posición de los abogados
Antes de este fallo, las familias propietarias habían solicitado la división del terreno, es decir, que cada parcela contara con una matrícula independiente, ya que actualmente todo el sector está bajo una sola matrícula. En el lugar existen más de 100 casas de campo construidas en los últimos años.
Por su parte, el abogado que representa a varias de las familias sostuvo que la decisión de la ANT será tutelada, pues, según dijo, existe jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoce la validez de los derechos adquiridos antes de 1974.
“Tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que dice que del 74 hacia atrás son válidos. Insistiremos en que esa es la interpretación que se debe dar”, explicó el jurista que defiende a las familias.
Con la tutela, las familias buscarán que se suspendan los efectos de la resolución y que un juez constitucional revise si la decisión de la ANT vulnera su derecho a la propiedad.
La declaratoria de baldío implica que el terreno pasa a ser propiedad de la Nación, es decir, deja de estar en manos privadas. En ese caso, la Agencia Nacional de Tierras puede destinarlo a programas de reforma agraria o adjudicar a campesinos sin tierra, conforme a la ley.
