Ha pasado de agache, y sin muchas luces, una discusión trascendental que podría cambiar el ordenamiento territorial y la economía de siete municipios del centro y norte del departamento del Cesar, especialmente del corredor minero.
El pasado 5 de mayo, el Gobierno nacional expidió el Decreto 0488 de 2025, por medio del cual estableció el marco normativo de los ‘Territorios Indígenas’ como entidades político-administrativas especiales, reconociendo su autonomía y competencias en sectores clave como salud, educación, ordenamiento territorial y saneamiento básico.
Además, este decreto promovió la figura de la objeción cultural, que les permite a las comunidades rechazar proyectos que ellos consideran atentan contra su identidad o cosmovisión. Este decreto generó preocupaciones en diversos sectores por la falta de claridad de lo que serían los territorios indígenas.
