Desde que se conoció la medida de desalojo programada para el 31 de agosto, en los asentamientos Brisas de La Popa, Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte 2 no hay otro tema de conversación. “¿Para dónde nos vamos a ir?”, “¡Esto será una catástrofe!”, “Van a cometer una injusticia”, son las preguntas y afirmaciones que más se repiten entre los habitantes cuando se les pregunta por su situación.
EL PILÓN dialogó con la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Valledupar, la cual explicó que el municipio promovió la modulación del fallo con el propósito de que la orden de desalojo fuera sustituida por la adquisición del predio como solución definitiva al conflicto social, pero dicha pretensión no fue acogida por el juez constitucional.
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En consecuencia, agregaron, la orden de desalojo continúa plenamente vigente en los términos en que fue recibida por la actual Administración, “la cual tiene el deber constitucional y legal de acatar”. No obstante, paralelamente, están adelantando actuaciones encaminadas a la adquisición del predio como una solución de fondo para la comunidad.
