A pocas semanas de la jornada electoral regional donde se elegirá, a los nuevos miembros de la JAL, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores estalla un escándalo de grandes proporciones, y es la orden de captura librada contra la señora Cielo María Gnecco Cerchar, por presuntos delitos de lesa humanidad en la persona de Jairo Alberto Hernández Hinojosa y Carlos Alberto Mendoza Guerra, en hechos ocurridos el 10 y 12 de abril de 2002.

Con anterioridad, se dio la captura del hijo del Presidente de la República, Nicolás Petro Burgos, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, hecho que fue precedido de la captura del exministro Óscar Iván Zuluaga Escobar junto con su hijo, David Zuluaga (yerno de Mauricio Pimiento Barrera), ambos investigados por el presunto delito de falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito y fraude procesal. Y con anterioridad a este hecho se dio la declaración de imputado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los presuntos delitos de fraude procesal y de sobornoTodos estos casos son de enorme importancia y constituyen un gran reto para nuestro aparato jurisdiccional toda vez que no todos los días se juzga a un expresidente, o al hijo del presidente en funciones, ni al hijo de un exministro, o al otrora candidato a la Presidencia de la República, ni a la primera gestora del departamento del Cesar, encontrándonos a puertas, repetimos, de las elecciones regionalesRara vez se dan causas criminales de figuras políticas de primer nivel y la justicia tendrá la última palabra. No obstante, es necesario partir de la premisa de que nadie está por encima de la ley, principio fundamental del Estado Social de Derecho, que predica que ninguna persona, por poderosa e influyente que sea, puede pasar por encima de la ley. Las personas pasan las instituciones quedan, y la ley debe ser igual para todos, así lo predica el artículo 13 de la Carta Política, y es por ello que solicitamos desde esta tribuna de opinión, que se haga un juicio imparcial a todos los implicados, con absoluto respeto de sus garantías legales y procesales. Es lo menos a lo que se puede aspirar en un Estado Social de Derecho, como el nuestro.

Desde luego, resulta muy deplorable que figuras del primer orden en el plano político se vean incursos en investigaciones de esta naturaleza. No obstante, habrá que presumir que no son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Ojalá, que los medios, en ocasiones tan abyectos, así lo entiendan.
Pero si por acá llueve en los EE. UU. no escampa, en el sentido que el juicio al expresidente Donald Trump, por el presunto delito de fraude al Fisco Nacional estimado en la friolera de 1.000 millones de dólares en contra del Estado de New York involucra también a tres de sus hijos.

Por: Darío Arregocés Baute / [email protected]