En la Procuraduría Provincial de Instrucción de Valledupar, se llevó a cabo una audiencia de actuación preventiva al Concejo Municipal de El Copey, por los inconvenientes que se han presentado con la Alcaldía de este municipio, a la que le han negado la utilización de recursos. 

En un documento conocido por EL PILÓN, el alcalde Francisco Meza, comunicó a la Procuraduría que expuso ante la Corporación, el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se realiza una adición presupuestal en el presupuesto de rentas y gastos del municipio, correspondiente a la vigencia fiscal de 2023.    

Esto fue debatido y negado en segunda plenaria por parte de los concejales con el argumento que no alcanzaban los tiempos para surtir su aprobación en segundo debate, “lo cual constituye una falsa motivación, toda vez que si el acuerdo fue aprobado en primer debate el 26 de abril y el segundo debate se surtió el 30 del mismo mes y año, se cumplían los términos a que se refiere el inciso final del artículo 73 de la Ley 136 de 1994“, destaca el documento. 

En este sentido, el alcalde Francisco Meza, indicó que todo se debe a contradicciones políticas con siete de los 13 concejales del municipio, que a su juicio se niegan a que se realicen inversiones en obras sociales. 

El mandatario explicó que no se han podido utilizar cerca de $10.000 millones, por no tener la aprobación de la mayoría de los cabildantes. 

“Tenemos un hacinamiento del 700 % en la estación de Policía del municipio de El Copey, hay 14 presos y solo hay cabida para cuatro, la orden de la Procuraduría es que los municipios deben firmar convenios para que los trasladen a los privados de la libertad en este caso a la cárcel de Valledupar, pero el Concejo no ha querido dar las facultades para invertir más de $1.000 millones para hacer los convenios con la cárcel”, dijo el burgomaestre. 

Añadió que han destinado $500 millones para apoyar a la Policía y Ejército en temas de logística, pero los recursos están ‘retenidos’.  Lo mismo sucede con $5.700 millones para pagar deudas a las EPS.  $130 millones para la contratación de encuestadores del Sisbén y dar avance a la renta ciudadana. 

“Hay 13 concejales, seis votan favorablemente y siete en contra, es una guerra que han venido realizando al movimiento político al que pertenezco y que se agravó la situación desde la campaña electoral al Congreso de la República, tenemos el territorio dividido”, puntualizó el alcalde Francisco Meza. 

Para conocer la otra ‘cara’ de esta controversia intentamos comunicarnos con el presidente del Concejo Municipal, Fautisno Palacios, pero no contestó el celular.