El valor establecido en el proyecto ‘Casa en el Aire’ que tiene nuevamente en la mira de la justicia al exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, a sus exfuncionarios y contratistas, habría sufrido un aumento en el presupuesto establecido por unas irregularidades que habría generado un detrimento patrimonial de $3.012.436.705. 

Los detalles los entregó la Fiscalía 12 seccional, representada por Johan Ustáriz, en las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento de los procesados. 

Estos son el exalcalde de la ciudad, Augusto Daniel Ramírez Uhía, el exsecretario General José Juan Lechuga Zambrano, los exsecretarios de Obra Juan Pablo Morón Riveira y Jorge Armando Maestre Jaraba, el interventor Carlos Andrés Losada Contreras, los contratistas Johana Patricia Vergara Abello y Jorge Mario Peña Mattos.

La primera irregularidad del proyecto se habría generado desde la puesta en marcha del contrato No. 1613 de 2018 que se suscribió para la construcción de la primera fase de la ‘Casa en el Aire’ por valor de $6.398.499.993.30 y con un plazo de 11 meses. 

Según la investigación, la construcción comenzó el 20 de diciembre de 2018 pese a no contar con licencia de construcción, un motivo que generó que se suspendieran en tres oportunidades los trabajos y se adicionara al contrato el valor de $2.897.333.063 para un total de $9.295.833.056. 

“Tres meses antes de abrir la licitación el curador comunica al municipio sobre el incumplimiento de requisitos para la concesión de licencia de construcción y esa información fue enviada al alcalde Augusto Daniel Ramírez. Sin embargo, a sabiendas de esa situación, el 20 de septiembre de 2018, el señor Lechuga Zambrano inició la licitación pública y el 20 de diciembre de ese mismo año comenzó la obra”, manifestó el fiscal Johan Ustáriz. 

El aparente mal proceder habría vulnerado el principio de planeación y marcaría el inicio de otras irregularidades que habrían detectado durante la investigación con la contratista Consorcio Broes Construcciones, representada legalmente en el inicio por Johana Patricia Vergara Abello y después por Jorge Mario Peña Mattos. 

“La cantidad de metros cúbicos de concreto, que se han cobrado al municipio es 2.290 m3 cuando la información suministrada por los proveedores, se estableció que solo se han despachado 1.596,50 m3, es decir, se sobrefacturan 693.79m3 de concreto”, agregó el representante del ente acusador.

Además, al comenzar la construcción habrían reducido las proyecciones del material a usar y aumentaron los precios de otros a los costos inicialmente establecidos en el proyecto. 

Por ejemplo, los anillos de concreto para caisson y el suministro para anillos en concreto para siete días fue contratado a un valor de $747.664 y se modificó a $3.405.943, es decir aumentado en % 356, las vigas en cimentación en concreto y concreto F’C 28 mpa que se contrató por un valor de $646.522 fue modificado a $836.399, es decir aumentó el 29 %, las pantallas en concreto de acabados en la vista lo contrataron por $918.327 y lo pagaron a un poco más de un millón, entre otros. 

Los cobros fueron realizados por el nuevo representante legal de Broes, Jorge Mario Peña Mattos; autorizados por el interventor, Carlos Andrés Losada Contreras, y los supervisores Juan Pablo Morón Riveira, exsecretario de Obras, y posterior a su salida, el nuevo secretario Jorge Armando Maestre Jaraba. 

Así las cosas, La Fiscalía 12 seccional imputó distintos delitos: al exalcalde Augusto Ramírez, el exsecretario General José Lechuga y a Carlos Losada los responsabilizó de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.   

Mientras que a los demás ciudadanos Johana Patricia Vergara y Jorge Mario Peña Mattos, así como también a los exsecretarios Juan Pablo Morón y Jorge Maestre, les imputaron el delito de peculado por apropiación, pero los dos primeros en calidad de intervinientes. Ninguno de los procesados aceptó cargos. 

Hasta el cierre de esta edición en la audiencia todavía debatían la medida de aseguramiento.