Cinco presuntas inconsistencias que detectaron en una interventoría que realizó la Dirección Regional Tres Norte del Inpec en la Penitenciaria de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, ‘La Tramacúa’, sería el motivo por el que dejó el cargo el entonces director del penal,  César Fernando Caraballo Quiroga, a finales del pasado mes de mayo.

Los hallazgos se relacionaron a temas de contratación, viáticos y negocios dentro del penal que carecían de documentación reglamentaria para funcionar.  El primero hace referencia al casino de funcionarios, el cual era administrado por un particular sin el lleno de requisitos.  Según el informe, el particular manifestó que no realizó contrato con el establecimiento que por concepto de arrendamiento cancelaba a la dirección la suma de $1.000.000; sin embargo, no hubo evidencias en pagaduría del ingreso a la caja especial  por este concepto. 

“Adjunto al casino funciona una tienda, que según información suministrada es administrada por el fondo de empleados del establecimiento; al momento de la visita se encontraba atendiendo al público el dragoneante Hinestroza Román. Al parecer es administrado por el dragoneante Muñoz César. No obstante, se constató que no existe ningún documento que legalmente acredite la existencia de dicho fondo”, reza el informe conocido por EL PILÓN. 

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Asimismo indicó que existía otra tienda que al parecer fue organizada para proveer a los auxiliares bachilleres en formación de algunos bienes de primera necesidad; no obstante, se evidenció que la misma operaba sin ningún tipo de control financiero y no se aportaron los registros documentales que avalaran el negocio. 

Precisamente, este aspecto fue motivo de cuestionamiento por algunos uniformados del centro carcelario, a tal punto que uno de ellos mediante tutela buscó que el director y el Inpec esclarecieran el asunto. 

De igual manera, el Juzgado Tercero Penal Mixto con función de Conocimiento de Valledupar admitió un incidente de desacato en contra de la Oficina de Control Interno Disciplinario del Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec,  por no responder la tutela. 

La tercera presunta irregularidad consistió en que el año pasado se cancelaron viáticos extemporáneos y actos administrativos, donde algunas comisiones fueron canceladas sin la totalidad de los soportes.

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Además, el personal del consultorio odontológico no se encontraba contratado por el consorcio pertinente y no era claro el modo de pago por alquiler de las instalaciones carcelarias para la actividad. 

“El gerente público no materializa la planificación institucional y comunicación estratégica y los correspondientes objetivos o propósitos de cada área, lo cual refleja que no existe sinergia con el resto del talento humano, primariamente con los de responsabilidad en la estructura orgánica, así como desinterés en el mejoramiento continuo de los procesos, dado el marcado y deteriorado ambiente laboral a partir del repetitivo maltrato laboral del director para con los dirigidos”, finalizó el informe firmado por María Alexandra García Forero, directora Regional Norte 3 del Inpec. 

En ese sentido, luego que el Inpec mediante una resolución declaró insubsistente a César Caraballo, quien llevaba más de dos años en el cargo, nombraron a un capitán como director encargado.