Con arengas y pancartas un grupo de abogados litigantes continuaron las protestas para exigir que de manera gradual abran el Palacio de Justicia de Valledupar y se modifiquen las medidas optadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el marco de la pandemia por el coronavirus.

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Los juristas realizaron la manifestación en la mañana del jueves en el edificio Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en la carrera 12 con calle 15, donde funcionan los juzgados de ejecución de penas.

Esta es la segunda protesta que realizan pues el reciente martes también hicieron un plantón en el Palacio de Justicia. El abogado Joel Enrique Peralta Daza manifestó que era necesario que los estrados judiciales se reabrieran con medidas de bioseguridad para que se desarrollen todas las audiencias de las áreas laborales, penales, civiles y administrativas para que no se sigan violando derechos fundamentales.

“Estamos solicitando en primer lugar la reapertura gradual de los juzgados con protocolos de bioseguridad como lo establece el Estado, una conexión correcta de atención al público y los usuarios, salvaguardando la salud tanto de los funcionarios públicos como los litigantes”, precisó Peralta Daza.

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Agregó que las finanzas personales también se han visto afectadas porque las audiencias no se efectúan para todos los casos. “Queremos que así como se ha tenido en cuenta a muchas entidades privadas y públicas, a los abogados litigantes también. Se han violado los derechos fundamentales al trabajo, a la vida digna y a la igualdad”, acotó Daza.

LAS MEDIDAS DE LA JUSTICIA

Desde que la Presidencia de la República declaró el estado de emergencia en el país por la covid-19, el Consejo Superior de la Judicatura ha prorrogado la suspensión de términos y las medidas de seguridad en cuatro oportunidades.

Sin embargo, en la reciente decisión que va hasta el próximo 8 de junio amplió algunas excepciones de suspensión de términos en los procesos y actuaciones en el ámbito penal, civil y familiar.

En el penal aplica para las diligencias de entrega provisional o definitiva de vehículos automotores en el marco del artículo 100 de la Ley 906 de 2004, sobre las medidas provisional víctimas de delitos de violencia intrafamiliar y en el control judicial y de legalidad en la aplicación del principio de oportunidad.

En lo civil se excepcionan en las siguientes actuaciones: si se adelantan de manera virtual la emisión de sentencias anticipadas y las que deban proferirse por escrito, si ya está anunciado el sentido de fallo, el trámite y resolución de recursos de apelación interpuestos contra autos y sentencias, el levantamiento de medidas cautelares sujetas a registros, la terminación de proceso de ejecución por pago total de la obligación, entre otros.

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Finalmente en materia de familia aplica para dos casos, sentencias de planos y en el trámite y decisión de los recursos de apelación y quejas interpuestos contra sentencias y autos, así como los recursos de súplica.

“El Consejo Superior está trabajando en la construcción de un plan gradual y progresivo de normalización de los servicios judiciales que se implementarán a partir del 8 de junio. Este preverá que existan las condiciones para la prestación segura del servicio de justicia”, reza el oficio de la autoridad judicial.

Esta suspensión de los términos también tiene inconformes a algunos abogados porque considera que la justicia debe brindarle garantías a todos por igual.

“Los términos judiciales se encuentran suspendidos y a los abogados litigantes nos están negando el acceso a la justicia porque solo hay acceso a ella para algunos casos, por ejemplo, en las audiencias preliminares, la vencimiento de términos, acciones de tutelas, habeas corpus y los abogados litigantes necesitamos trabajar”, dijo Ricardo Celedón Palacio, abogado.