El funcionario público fue detenido junto con otras personas a inicios del mes de noviembre del año 2017, en ese mismo municipio ubicado al sur del Cesar.
Eduardo José Cabello, el fiscal seccional 21 del municipio de Aguachica, Cesar, procesado por presuntamente orquestar en compañía de otros funcionarios y policías judiciales actos de corrupción, solicitó la libertad en los estrados judiciales de Valledupar.
La petición Cabello la dio a conocer mediante su defensa, que presentó en días anteriores la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento, la cual empezó a ser resuelta en el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de la capital del Cesar.
En la vista pública, el abogado argumentó que no existen los fines constitucionales penales para continuar privando de la libertad a Cabello, debido que este no representa un peligro para la sociedad, no obstruirá el debido proceso y se presentará ante la justicia las veces en que sea requerido.
“La solicitud elevada es coherente a la normatividad procesal penal, a los aspectos jurídicos probatorios resaltados, a la circunstancia fáctica y de la mano de la jurisprudencia constitucional, además porque así lo reclama la justicia”, dijo el jurista durante la audiencia en el Palacio de Justicia.
Explicó además que la medida impuesta a su protegido no era necesaria teniendo en cuanta que no es una persona proclive al delito y carece de antecedentes judiciales. Asimismo puso de ejemplo el proceso penal en contra del exmagistrado Jorge Pretel que fue conocido en el territorio nacional.
“Por otra parte es un hecho notorio el caso seguido en la Corte Suprema en contra del doctor Jorge Pretel, que en decisión del 18 abril del 2017 no se le impuso medida restrictiva de la libertad por no ser un peligro a la sociedad”, expresó el abogado.
Al respecto, la Fiscalía delegada ante el Tribunal de Santander informó que existen pruebas que robustecen la posible responsabilidad de Cabello en las acciones de corrupción en las que aparentemente los implicados exigían sumas de dinero para favorecer a capturados o interesados en procesos penales que ellos manejaban.
“Los hechos penalmente relevante que la fiscalía halló con información legalmente obtenida formal y no formal dan cuenta de las presuntas entregas de dinero al señor fiscal (…), para particularmente la entregas de vehículos. Se trae a colocación entrevistas de personas que indican que supuestamente la fiscalía de Aguachica se había convertido en una empresa criminal”, dijo la fiscal.
Ante la confrontación de ideas el juez suspendió la audiencia para el próximo cuatro de diciembre, para dar a conocer si la respuesta a la solicitud del detenido será o no favorable, según comunicó a este medio de comunicación la secretaría del despacho.
A Cabello las autoridades lo capturaron el 16 de noviembre del año 2017 en Aguachica, junto con los fiscales Rodrigo Pérez, Luis Fernando Herrera, el asistente judicial José Luis Fonseca y los policías Alex Villamizar y Alexis Nieto, por aparentemente recibir dinero de civiles para favorecerlos en procesos judiciales o incluso, omitir su judicialización.
El funcionario público fue detenido junto con otras personas a inicios del mes de noviembre del año 2017, en ese mismo municipio ubicado al sur del Cesar.
Eduardo José Cabello, el fiscal seccional 21 del municipio de Aguachica, Cesar, procesado por presuntamente orquestar en compañía de otros funcionarios y policías judiciales actos de corrupción, solicitó la libertad en los estrados judiciales de Valledupar.
La petición Cabello la dio a conocer mediante su defensa, que presentó en días anteriores la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento, la cual empezó a ser resuelta en el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías de la capital del Cesar.
En la vista pública, el abogado argumentó que no existen los fines constitucionales penales para continuar privando de la libertad a Cabello, debido que este no representa un peligro para la sociedad, no obstruirá el debido proceso y se presentará ante la justicia las veces en que sea requerido.
“La solicitud elevada es coherente a la normatividad procesal penal, a los aspectos jurídicos probatorios resaltados, a la circunstancia fáctica y de la mano de la jurisprudencia constitucional, además porque así lo reclama la justicia”, dijo el jurista durante la audiencia en el Palacio de Justicia.
Explicó además que la medida impuesta a su protegido no era necesaria teniendo en cuanta que no es una persona proclive al delito y carece de antecedentes judiciales. Asimismo puso de ejemplo el proceso penal en contra del exmagistrado Jorge Pretel que fue conocido en el territorio nacional.
“Por otra parte es un hecho notorio el caso seguido en la Corte Suprema en contra del doctor Jorge Pretel, que en decisión del 18 abril del 2017 no se le impuso medida restrictiva de la libertad por no ser un peligro a la sociedad”, expresó el abogado.
Al respecto, la Fiscalía delegada ante el Tribunal de Santander informó que existen pruebas que robustecen la posible responsabilidad de Cabello en las acciones de corrupción en las que aparentemente los implicados exigían sumas de dinero para favorecer a capturados o interesados en procesos penales que ellos manejaban.
“Los hechos penalmente relevante que la fiscalía halló con información legalmente obtenida formal y no formal dan cuenta de las presuntas entregas de dinero al señor fiscal (…), para particularmente la entregas de vehículos. Se trae a colocación entrevistas de personas que indican que supuestamente la fiscalía de Aguachica se había convertido en una empresa criminal”, dijo la fiscal.
Ante la confrontación de ideas el juez suspendió la audiencia para el próximo cuatro de diciembre, para dar a conocer si la respuesta a la solicitud del detenido será o no favorable, según comunicó a este medio de comunicación la secretaría del despacho.
A Cabello las autoridades lo capturaron el 16 de noviembre del año 2017 en Aguachica, junto con los fiscales Rodrigo Pérez, Luis Fernando Herrera, el asistente judicial José Luis Fonseca y los policías Alex Villamizar y Alexis Nieto, por aparentemente recibir dinero de civiles para favorecerlos en procesos judiciales o incluso, omitir su judicialización.