Aunque los dos exjefes paramilitares de las AUC, Salvatore Mancuso Gómez y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, ya tienen fecha de salida de la cárcel de Estados Unidos en la que pasaron más de cinco años, su futuro frente a la extradición todavía es incierto en el territorio colombiano.

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Sobre todo para  alias Mancuso, quien por tener nacionalidad italiana tendría un pie en el país extranjero si prontamente la justicia nacional no desembrolla los conflictos jurídicos para traerlo a Colombia. No obstante, se conoció que el antiguo jefe paramilitar estaría haciendo todo lo posible mediante su abogado para no regresar al país, pues al tocar tierras italianas no podría ser trasladado porque entre ese país y Colombia no existe tratado de extradición. 

Esto ha prendido las alarmas en la Defensoría del Pueblo, la cual anunció este miércoles que evaluaban la presentación de una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que las autoridades con competencia en este caso adopten acciones para que Mancuso cumpla con los procesos que tiene en el país y con las víctimas.

El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, mostró preocupación porque Mancuso podría eludir cientos de investigaciones por graves y masivas violaciones a los derechos humanos como masacres, desapariciones forzadas, homicidios selectivos, entre otras.

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Por ejemplo, en el departamento del Cesar le atribuyen a Mancuso la muerte de Manuel Guillermo Omeara Miraval, asesinado en Aguachica por averiguar el crimen de su padre, el ganadero de Noel Emiro Omeara Carrascal.

Otras acciones endilgadas por la Fiscalía son la masacre de Becerril, perpetrada el 16 de noviembre de 1998; la masacre de La Victoria de San Isidro de la Jagua de Ibirico, ocurrida el 24 de marzo de 1997,  por la que fue condenado con alias El Tigre a 6 años y siete meses de prisión, entre otras.

‘JORGE 40’

Rodrigo Tovar Pupo, a diferencia de su antiguo compañero de militancia de las Autodefensas Unidas de Colombia, tendría más posibilidades de regresar a dar la cara a la justicia connacional.

Al parecer, solamente es cuestión de que las autoridades comiencen a recopilar los procesos penales y ordenes de detenciones pendientes que tiene en el país. Sin embargo, a pesar que el pasado 9 de diciembre cumplió su condena en Estados Unidos las autoridades de Colombia no anuncian nada de su posible extradición.

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A él la Fiscalía lo responsabilizó de varias barbaries y hechos violentos como la muerte y desaparición de los siete funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía del Cesar, por la que fue condenado a 25 años de prisión; asimismo tiene una condena por el asesinato de Amarilis de Jesús Hinojosa Suárez, Juez Promiscuo Municipal de Becerril; así como señalamientos de liderar masacres en toda la costa Caribe cuando estaba al mando del Bloque Caribe.