El Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar decidió cobijar con medida de aseguramiento domiciliaria al exsecretario de Hacienda de La Paz, Iván Crispín Peralta Morales, quien es acusado de realizar junto con tres personas más el hurto de unos $433 millones en la Alcaldía de La Paz a través de transferencias bancarias.

La decisión también cobijó a los detenidos Wilfrido Enrique Alvarado Jaraba, Abel Bustillo Porras y Edgardo Siado Albor. El juez consideró que la medida era proporcional para el caso teniendo a consideración que se cumplieron dos de los presupuestos establecidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal Colombiano como que los implicados podrían obstruir a la justicia y representan un peligro para la sociedad o las víctimas de dicho proceso.

Sin embargo, en el marco de las audiencias preliminares, el fiscal 17 seccional EDA, Freddy Rivero, había solicitado que estos fueran enviados a prisión como medida de aseguramiento, por lo que en la tarde de este martes apeló el dictamen para que sea revisado en segunda instancia por un juez de conocimiento.

A los incriminados la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado, que no aceptaron, por presuntamente planificar el robo de $433 millones de pesos mediante transacciones de las cuentas que estaban bajo custodia de la Secretaría de Hacienda de La Paz.

Según la investigación, el exfuncionario Peralta Morales fue quien realizó las transacciones del dinero a empresas fachadas que después fueron cobrados por los demás en otras ciudades.

“Según lo certifica el banco, ellos (Alvarado, Bustillo y Siado) son los dueños como representantes legales de las tres empresas donde se trasladaron los $433.962.000 y se trató de hacer lo propio con las sumas de $834.221.000 y 77 millones de pesos”, dijo el fiscal.

Asimismo indicó que el ilícito el exfuncionario lo cometió en el marco de un viaje que realizó 8 de agosto a Barranquilla en el que afirmó que se le dañó el celular y quedó sin comunicación.

“Afirma que se le dañó el celular y quedó sin comunicación, inclusive en sus declaraciones señala que cuando llega llama a la mujer para que averigüe en Tigo lo que ocurre con su celular y al regresar cambia la sim card, sin embargo, la operadora afirma que el obtuvo una nueva sim card el mismo 8 de agosto en las horas de la mañana, mismo día en el cual se realizaron transferencias que se hicieron desde el computador de él, con los dispositivos electrónicos que da el banco para realizar las transferencias que uno lo tenía él y otro la alcaldesa, el cual también fue entregado al secretario por decreto de la alcaldesa”, señaló Rivero.

Por su parte, Jefferson Cataño, abogado del exfuncionario, indicó que ese 8 de agosto Peralta Morales estaba en Barranquilla cumpliendo un cometido de su cargo para lo que le aprobaron unos viáticos como tiquetes.

“Existe una constancia emitida en un auto por parte de la Superintendencia de Sociedades en la cual se da cuenta del evento suscitado el día 8 de agosto de 2018 y donde se da fe de la existencia del proceso de índole administrativo llevado a cabo en la superintendencia”, dijo el jurista Cataño.

Por Marllelys Salinas M. / EL PILÓN
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