Este lunes más de 16 mil estudiantes de la Universidad Popular del Cesar iniciaron clases en las sedes de Valledupar y Aguachica a través de la plataforma Aula Web.
Estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, UPC, manifestaron que siguen a la espera que la administración departamental disponga de los recursos para la matrícula cero. También indicaron que no han tenido diálogo con la Alcaldía de Valledupar.
Con un plantón a las afueras de la Gobernación del Cesar, estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, UPC, reclamaron los recursos para la matrícula cero.
El crédito Fedecesar y demás descuentos adscritos al departamento de bienestar de la Universidad Popular del Cesar, UPC, son los recursos a los que les apuntan los estudiantes de la región para continuar estudiando en esta alma mater.
Carlos Emiliano Oñate, junto con el exjefe de Planeación del claustro, Libanis Francisco Argüello Daza; y Paola Yuliana Rosado, enfrenta un proceso por los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin lleno de requisitos legales.
Docentes ocasionales y catedráticos solicitaron a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional garantías sobre la continuidad de su contratación el presente año.
En la rendición de cuentas del año 2020, representantes de la Universidad Popular del Cesar indicaron que para el 2021 buscan mejorar la calidad educativa, dejando a un lado los líos administrativos que rodearon esta alma máter.
Mediante una resolución, el Ministerio de Educación decidió crear una fiducia para manejar el presupuesto general de la UPC.
Aproximadamente la alcaldía destinará $300.000.000 pesos para la construcción de una cafetería que cumpla con todas las normas sanitarias para el tratamiento y consumo de los alimentos, así como también la capacidad para albergar a la población universitaria.
En tal sentido, Raúl Gutiérrez Maya, quien había sido nombrado como rector encargado, tras la suspensión provisional de Darling Guevara, no seguirá como representante legal del Alma Mater.
Luego del feliz término como rector de la UPC durante cuatro años de Jesualdo Hernández Mieles, ningún rector ha logrado terminar su periodo por disputas internas y externas de grupos que quieren dominar el recurso económico de la universidad, todo en nombre de la educación.
Por presuntas irregularidades en la convocatoria de sesiones en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, el Ministerio de Educación ordenó la apertura de una investigación preliminar.
Es claro y evidente que hay un empobrecimiento ético de la institución; es urgente emprender una pedagogía institucional efectiva que impulse y rescate la ética en la UPC.
Según el último informe de gestión, para el 2019 la Universidad Popular tuvo un presupuesto $80.760 millones, de los cuales el 47 % eran recursos propios. En este caso, como máxima autoridad administrativa, el rector es el encargado de disponer de esos recursos.
El incidente se registró en la sede Hurtado, cuando José Sierra ingresó y ocupó la silla de rector.
El Ministerio de Educación había enviado un documento de dos páginas en el que señalaba que la citación extraordinaria del 19 de noviembre no cumplía con las exigencias establecidas en la normatividad interna por varias razones.
Raúl Gutiérrez Maya, este último compartió un video en el que desconoce las decisiones tomadas en la sesión de hoy por tres miembros del Consejo Superior Universitario.
Con un quórum de 3 consejeros, José Rafael Sierra Lafauríe fue elegido nuevo rector encargado en la UPC. Con esto, el uribismo del departamento pierde el control de la universidad. La pregunta es quiénes mandan la parada ahora en la UPC. ¿Los Gnecco? ¿Rector apolítico?
Siera Lafaurie tiene 22 años vinculado a la Universidad Popular del Cesar.
Actualmente, la UPC, principal universidad del departamento, atraviesa una crisis institucional acentuada por disputas políticas y legales que han impedido la continuidad de sus rectores.
El evento será a las 8:00 a.m., y a las 2:00 p.m., en el auditorio ‘Miguel Vicente Arroyo’ de forma presencial para candidatos, miembros del Tribunal de Garantías y equipo logístico.