Los presuntos hechos de corrupción que rodearon al exrector de la UPC, Carlos Emiliano Oñate Gómez, en el plantel educativo, y a otros funcionarios comenzarán hacer debatidos jurídicamente en Valledupar con un juicio que promete ser extenso.

Por el momento, en el Juzgado Primero Penal del Circuito con función de Conocimiento se desarrolló la audiencia preparatoria mediante la cual la Fiscalía 5 seccional y la defensa mostraron sus postulaciones probatorias.

Durante la diligencia virtual las partes anunciaron más de 20 elementos materiales probatorios entre documentales y testimoniales. Eso ocasionó que la juez necesitara más tiempo del previsto para valorarlos y pronunciarse frente a su pertinencia para que sean exhibidos durante el juicio oral. 

Los hechos a debatir  corresponden a unas presuntas irregularidades en dos millonarios contratos que suscribió Carlos Emiliano Oñate durante su administración en el plantel educativo entre los años 2015-2017.

En estos también está involucrado el exjefe de Planeación del claustro, Libanis Francisco Argüello Daza; y Paola Yuliana Rosado Guerra, quienes al igual que el exrector fueron responsabilizados de los delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin lleno de requisitos legales.

Los contratos se pactaron el 30 de diciembre del año 2015 con el número 031 y otro del 25 de agosto del año 2017 con el objetivo de Implementar el desarrollo de soluciones moduladas de automatización de control de acceso y seguridad de la universidad.

Sin embargo, según el ente investigador, durante un minucioso análisis evidenciaron que algunos insumos pactados en esos documentos no se encontraron o no ingresaron al almacén general de bienes de la universidad, además otros no funcionaban correctamente.

Otra posible irregularidad está en los estudios de conveniencia y oportunidad para la adquisición de los bienes y servicios debido a que a pesar que ya existía el contrato 031 del 2015 realizaron otro similar de suministro en el 2017.

 “Adicionalmente, en las averiguaciones de los funcionarios, supuestamente, tampoco se evidenció la compra de otros equipos que estaban estipulados, y que tendrían un costo adicional de 132 millones de pesos”, relató la Fiscalía cuando fueron capturados.

Los tres implicados fueron detenidos en el mes de abril de 2019 en un operativo del CTI de la Fiscalía y el Ejército en los barrios Villalba, 5 de Noviembre y el conjunto residencia Mirador de la Sierra IV de Valledupar.  

A su vez fueron presentados ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de Control de Garantías  que permitió que enfrentaran el proceso en libertad.

La continuación de la audiencia preparatoria quedó establecida para el próximo dos de febrero.