La  Universidad Popular del Cesar, UPC, completa dos semanas en medio de una disputa política por el control de la rectoría, luego de que en una cuestionada sesión tres miembros del Consejo Superior Universitario, CSU, eligieran como rector encargado a José Rafael Sierra, culminando el periodo de encargo de Raúl Gutiérrez.

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Sin embargo, aduciendo irregularidades en la sesión y con documentos del Ministerio de Educación, Gutiérrez desconoció desde el primer momento la resolución de los 3 miembros del CSU. Por eso, en estos momentos, a falta de un rector, la universidad tiene dos encargados.

Detrás de la rectoría o la cabeza visible de la UPC, normalmente, hay fuerzas políticas interesadas en el manejo del presupuesto, la contratación de obras y la burocracia de la institución.

Y es que después de la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar y Corpocesar, la UPC  es la entidad pública con el mayor presupuesto del departamento, sin contar que maneja una inmensa planta de personal.

PRESUPUESTO MILLONARIO

Según el último informe de gestión, para el 2019 la Universidad Popular tuvo un presupuesto $80.760 millones, de los cuales el 47 % eran recursos propios.  

En este caso, como máxima autoridad administrativa, el rector es el encargado de disponer de esos recursos. Del total del presupuesto, el 95 % fue destinado al funcionamiento, lo que significa que en su mayoría tienen una destinación específica, lo que no quita poder de administración.

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Exactamente, en promedio $76.646 millones se destinaron para el funcionamiento, y $4.113 millones fueron a la inversión.  Por medir, el presupuesto de la UPC es mayor al de 23 municipios del departamento, exceptuando Valledupar y Aguachica.  

“El cargo de rector es uno de los puestos más importante que tiene el departamento, lo que motiva a algunos grupos políticos a acceder a ello a través de un rector para garantizar un caudal electoral. Hay unos que lo ven como un fortín, otros para enriquecerse, en cambio otros sí quieren hacer profesión y transformar la universidad”, señaló un exmiembro del CSU.

 Además de esos millonarios recursos, la planta laboral de la UPC es una de las más grandes de las instituciones públicas del Cesar. Solo el personal de planta lo integran 288 profesionales. Por otro lado, de los  1.235 docentes con los que cuenta la universidad, 1.125 son docentes ocasionales y catedráticos,  contratados según la necesidad o demanda.  

“Como en todas las entidades públicas están los cargos de libre nombramiento y remoción. Entonces, como se ve, cada rector que llega nombra gente de confianza y despide a otros. Eso es común en todos los entes territoriales. Hay cargos o personal administrativo que tienen un derecho adquirido porque están en carrera. Pero todos los contratos de prestación de servicios, cargo de suministro, de obras, dependen directamente de la decisión del rector”, explicó un funcionario de la universidad.

Al cuantioso presupuesto y la gigante planta laboral se le sumó el pasado mes de octubre un anuncio del Gobierno nacional: en la sede de la universidad se construirán escenarios deportivos, para los Juegos Bolivarianos  2022,  por más de $35.000 millones. Quien tenga el control de la UPC, seguramente querrá tener incidencia en esos recursos.

CAMBIOS  Y MÁS CAMBIOS

En la Universidad Popular se hizo tradición en los  últimos años que los rectores nombrados no terminen su periodo. Ser elegido, además de iniciar un proceso administrativo y académico, significa iniciar un largo camino de defensa y disputas jurídicas.

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Esa falta de continuidad se ve reflejada en los resultados de las Pruebas Saber Pro. De los 18 programas que participaron en la prueba durante el 2019, todos estuvieron debajo del promedio nacional.

Incluso, el promedio de la universidad (138,7) ubicó a la institución en el puesto 193 de 249 instituciones, y tuvo una diferencia negativa de 14,6 puntos respecto al promedio nacional (153,3).

“Esos cambios abruptos no solo afectan la parte administrativa, sino la parte académica. Golpean el buen funcionamiento. Por ejemplo, pronto debemos tener visitas de pares académicos. Al cambiar un vicerrector académico o vicerrector administrativo eso influirá porque el que llega no conoce por dónde va el proceso. Las consecuencias siempre las paga el desarrollo académico”, señaló un profesional de la institución.

Otro conocedor del tema explicó que el mayor problema de la universidad ha sido ese “quita y pone” en la silla de la rectoría. “Ninguno dura el periodo completo”, señala, recordando que desde Jesualdo Hernández, que fungió como rector los cuatro años, nadie ha logrado terminar su periodo. ¿Por qué? El profesional señala que en parte, se debe a que “las fuerzas internas trasladan esas disputas al exterior, entrando en disputas legales”.

Además, en los últimos años se rompió la tradición que los representantes del  equipo de gobierno (Presidencia y Gobernación del Cesar) votaban en unidad. Incluso, actualmente estos bandos lideran las diferencias. Mientras es claro que Raúl Gutiérrez es apoyado por Presidencia de la república, rumores señalan que la ‘jugadita’ que puso como rector a José Rafael Sierra nació en la Gobernación del Cesar.

En medio de esas diferencias  y show mediáticos de la última semana, están más de 16.214 estudiantes de la UPC, quienes, en su mayoría, se esfuerzan por ser destacados profesionales.

Redacción EL PILÓN.