19 noviembre, 2020

Pujas políticas por la rectoría desestabilizan a la Universidad Popular del Cesar

Con un quórum de 3 consejeros, José Rafael Sierra Lafauríe fue elegido nuevo rector encargado en la UPC. Con esto, el uribismo del departamento pierde el control de la universidad. La pregunta es quiénes mandan la parada ahora en la UPC. ¿Los Gnecco? ¿Rector apolítico?

La Universidad Popular del Cesar es el principal centro de educación superior del Cesar. 

FOTO/JOAQUÍN RAMÍREZ.

Este 19 de noviembre el principal centro de educación superior del departamento, la Universidad Popular del Cesar, cumplió 44 años desde su creación en el Congreso de la República. 

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Este mismo jueves, en una polémica elección, tres de los nueve miembros del Consejo Superior Universitario eligieron nuevo rector encargado. Con tres votos de tres posibles, fue designado José Rafael Sierra Lafauríe, terminando así el encargo de Raúl Gutiérrez Maya. Sierra Lafauríe lleva más de 22 años trabajando en la universidad y tiene una relación cercana con Jaime Murgas Arzuaga, uno de los fundadores del centro universitario.

Cabe recordar que actualmente el Consejo Superior Universitario solo cuenta con 5 representantes, pues el periodo electoral de cuatro de ellos terminó a comienzos de año. Los cinco habilitados son Diana Marcela Durán, delegada del Ministerio de Educación; Jackeline González Padilla, delegada del presidente de la república; Carlos Morón Cuello, representante de los exrectores; Joaquín Manjarrés Murgas, representante de los gremios, y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, o su delegado.

José Rafael Sierra Lafauríe, nuevo rector encargado de la UPC. FOTO/CORTESÍA.

¿APOLÍTICO O ALFIL?

La elección había sido cuestionada previamente, específicamente por Radio Guatapurí. En su editorial, la emisora señalaba que la Gobernación quería quedarse con el control de la UPC.  “Cuando se esperaba unidad de criterios y armonía entre los consejeros para la toma de decisiones, desde la gobernación (sic) del Cesar se orquestó un nuevo intento por apoderarse de la UPC. En efecto, en la sesión del pasado 3 de noviembre hubo un conato de ‘golpe de Estado’ al encargo que viene adelantando Raúl Adolfo Gutiérrez Maya, al alinearse bajo la égida del gobernador los consejeros Carlos Morón Cuello y Joaquín ‘Ata’ Manjarrés, lo que les daría una mayoría precaria de tres votos a dos para tomar decisiones en un órgano que en tiempos de normalidad debe funcionar con un total de nueve miembros”, se lee en el editorial de la emisora.

Al final, en la elección de este jueves solo estuvieron tres de los cinco representantes habilitados, quienes de forma unánime eligieron a   José Rafael Sierra Lafauríe. Pero no votaron los representantes, sino sus suplentes: por los exrectores votó Jesualdo Hernandez; por los gremios Arnulfo Cotes, y Sergio Barranco Núñez, como represente del gobernador. No estuvieron ni la delegada del presidente ni la del Ministerio de Educación. Ambas justificaron su decisión.

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El voto ‘sorpresivo’ y que dio la mayoría fue el del suplente del representante de los gremios. Reconocido miembro del Centro Democrático, Joaquín  ‘Ata’ Manjarrés, en cabeza de su suplente, apoyó el cambio de rector en la UPC.

Pero, ¿quiénes pierden y quiénes ganan con esa decisión? Algunas voces, como las de Radio Guatapurí y directivos de la universidad, señalan que con el ‘golpe de estado’ y el nombramiento del nuevo rector ganaron los Gnecco. Incluso, señalan que la ‘jugadita del aniversario’ fue dirigida desde la Gobernación del Cesar. Lo que sí es seguro, agregan conocedores, es que Sergio Araujo, en cabeza del uribismo del departamento, perdió el control de la universidad.

Araujo había dirigido la campaña de Darling Guevara, logrando, con polémica, su elección como rectora. Sin embargo, en mayo de este año, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente su designación. La sentencia fue confirmada, pero aún se espera una decisión de segunda instancia. Una sentencia en favor de Guevara significaría el regreso del uribismo a la dirección de la UPC.  

Contrario a las versiones externas, voces de la universidad calificaron al nuevo rector como un apolítico, “una persona de las que necesita la universidad”. Quienes lo apoyaron dicen que la Gobernación “no tuvo injerencia en la decisión”.

Pero más allá de sus relaciones políticas, como es costumbre, lo más probable es que la elección de José Rafael Sierra sea demandada ante tribunales judiciales. Incluso, el Ministerio de Educación envió un documento de dos páginas en el que señalaba que la citación extraordinaria del 19 de noviembre no cumplía con las exigencias establecidas en la normatividad interna por varias razones.

Según el documento, “la convocatoria no fue efectuada por el número de mínimo de miembros del órgano colegiado de gobierno; y, segundo, no fue remitida con antelación razonable“. Por eso, agregaron desde el Ministerio de Educación, “las presuntas irregularidades pueden afectar la legalidad de las decisiones que se adopten en el desarrollo de la sesión extraordinaria”.

El incumplimiento del presente requerimiento puede dar lugar a multas sucesivas de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a los miembros del órgano  de dirección o a quienes obstruyan o dificulten la materialización del mismo, tal como lo enseña el numeral 8 del artículo 9 de la Ley 1740 de 2014, sin perjuicios de las investigaciones administrativas sancionatorias que haya lugar”, concluye.

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Esa interpretación del Ministerio de Educación fue una de las razones por las que no asistió a la sesión la delegada del presidente de la república, Jackeline González. Además, la consejera   solicitó a la Procuraduría Regional del Cesar una intervención preventiva ante la  convocatoria.

 “De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Acuerdo 009 del 31 de marzo de 2016, mediante el cual se adopta el Reglamente Interno del Consejo Superior Universitario (…) las convocatorias a las sesiones deben ser adelantadas por el presidente del Consejo, por el rector o por cuatro miembros”, señala el documento enviado a la Procuraduría. En ese sentido, el procurador regional del Cesar, Juan Jaime Celedón, conminó a los consejeros a “revisar la normatividad de dicha institución”.

SUSPENSIÓN

Además del nombramiento de un nuevo rector, en la sesión de este jueves se suspendieron las elecciones de los estamentos universitarios que estaban programadas para el viernes 20 de noviembre.

 Esta decisión se tomó a pesar de que desde comienzos del año, los administrativos, docentes, estudiantes y egresados no tienen representación ante los diferentes organismos de la universidad. Esa suspensión también significa que el grupo que eligió al nuevo rector continuará con la mayoría en el Consejo Superior Universitario, con 3 de 5 votos habilitados. La minoría la conforman la delegada del presidente y la del Ministerio de Educación.

PALABRAS DE UN FUNDADOR

A propósito del cumpleaños de la universidad, Jaime Murgas Arzuaga, uno de los fundadores, llamó a las autoridades administrativas de la universidad a superar las dificultades. Además, cuestionó a los dirigentes.

El horizonte institucional de la UPC actualmente es oscuro, sus órganos de gobierno no saben qué hacer, bajo los intereses politiqueros y ambiciones de los personajes y grupos que se disputan el poder y se olvidan del cumplimiento de sus deberes y de las normas legales, que rigen y deben aplicarse para enrumbar a nuestra Universidad por los senderos del progreso, su verdadera autonomía y su sagrada misión y visión en nuestro compromiso histórico con las juventudes estudiosas del Cesar y de Colombia”, dice el texto.