Los integrantes de la veeduría a la construcción de la segunda calzada Valledupar-La Paz han manifestado que el separador entre esta y la primera calzada La Paz-Valledupar no se ajustaría “a lo prescrito por las normas internacionales que debe ser por lo menos cinco metros”. 

El mismo presidente de la organización ciudadana, Evelio Daza, manifestó a esta casa editorial que dicha carretera que supera los 9 kilómetros “hay que hacerla de acuerdo con los términos de las vías internacionales y con lo que diga el contrato y no con lo que ellos (los contratistas) quieran decir”.

DIRECTOR DE LA OBRA

Así las cosas, esta casa editorial consultó a Jhorvis Deluque, director de la obra que está siendo ejecutada por la Unión Temporal Vial VLP sobre las especificaciones del separador, y el funcionario manifestó que desconoce a cuáles indicaciones internacionales hace referencia la veeduría, señalando que en Colombia rigen las normas del Instituto Nacional de Vías (Invías). 

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“Los anchos son variables a todo lo largo del corredor y los diseños fueron presentados y aprobados por el Invías”, declaró Deluque, aunque no confirmó las medidas del separador.

LA VEEDURÍA

Según Daza Daza seguirán insistiendo en este punto por medio de la veeduría, la cual está registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar y tiene vigencia hasta el 2031, sin embargo, desde la Interventoría que ejecuta el Consorcio Intervías Cesar les han solicitado una serie de documentos para reconocer este mecanismo democrático. 

“Nos dimos cuenta de que nosotros no éramos del gusto de esta nueva contratación, porque en la primera calzada nuestras relaciones con los contratistas fue excelente, pero al cambiar el nuevo contratista se notó un cambio total en contra de nosotros porque es que lo que pretenden es que nos van a reconocer, no, nosotros no tenemos necesidad de que ellos nos reconozcan, nuestra posición emana de una norma superior, de la Constitución, por eso me extrañó que el interventor me enviara un oficio donde exigía una cantidad de documentos”, agregó el abogado. 

El documento de la solicitud está firmado por el director de la interventoría, Iván Posada, quien requiere el registro actualizado de la veeduría, con la identificación de los integrantes; el objeto de la vigilancia; el nivel territorial, la duración y el lugar de residencia de esta veeduría.

Por Redacción General.