La Procuraduría General de la Nación envió al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un documento con reparos frente al Proyecto de decreto por medio del cual el Gobierno prohibirá la exportación de carbón a Israel. 

A través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, el ente de control refirió por escrito sus reparos, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara la suspensión de las exportaciones de este mineral hasta que no cesen los ataques contra la población civil en Gaza.

MENOS REGALÍAS

En primer lugar, el ente señaló que habría una reducción de regalías, teniendo en cuenta que las exportaciones de carbón térmico a Israel representan 650 mil millones de pesos cada año en regalías, impuestos y contribuciones, de los cuales, 100 mil millones van directamente a los departamentos de La Guajira y Cesar. 

“No se refiere en el proyecto decreto un análisis técnico sobre la forma como se asumirá el costo de lo que dejará de percibir el Estado colombiano por regalías generadas mientras dure el conflicto en la franja de Gaza”, dice el documento. 

En segundo lugar, para el Ministerio Público esta medida no es idónea. “Si bien, en Colombia el Estado tiene facultad para intervenir en la economía, el proyecto no es una medida idónea para el cumplimiento de dicho fin, ya que la idoneidad o adecuación de la medida debe propender por un objetivo constitucionalmente legítimo”, dice el documento.

Tercero, señalaron que no hay garantía de su efectividad. La Procuraduría explicó que en el proyecto de decreto se establece que la medida es necesaria porque no existe una diferente para lograr su objetivo, sin embargo, “no hay una demostración técnica que conlleve a determinar que si no se exporta carbón a Israel por parte del Estado colombiano procederán a cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

INCUMPLIMIENTO

En cuarto lugar, documentaron que representa un riesgo de daño antijurídico. “Al estar insuficientemente justificado el proyecto decreto, existe el riesgo de presentarse una causal de nulidad por falsa motivación, ya que las razones invocadas en su fundamentación son contrarias a la realidad, no son proporcionales, ni razonables”, argumentó la entidad.

La Procuraduría también señaló que representa un incumplimiento del tratado de libre comercio con Israel que entró en el año 2020. Y por último, afirmaron que es opuesto al fundamento normativo. 

“El proyecto invoca el artículo 259 del actual Plan Nacional de Desarrollo, que estipula que el gobierno podrá adoptar medidas comerciales restrictivas. Sin embargo, la prohibición de exportación no es una medida que garantice ninguna de las razones expuestas, al contrario, genera afectación a la libre industria y comercio y pone en riesgo los derechos fundamentales a la iniciativa privada y a la libertad de empresa”, finaliza.

Por Deivis Caro