En el marco de la audiencia de seguimiento de medidas cautelares realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecida, GRUBE, de la Fiscalía General de la Nación afirmó que han desarrollado 472 exhumaciones de posibles víctimas de conflicto armado en el departamento del Cesar. 

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De esas un total de 207 cuerpos fueron entregados a los familiares mediante ceremonias solemnes. No obstante, 247 cuerpos permanecen en los distintos laboratorios forenses como no identificados o CNI. 

Los funcionarios han realizado los abordajes en los distintos municipios del departamento, especialmente en los cementerios de Aguachica, El Copey, Codazzi y Valledupar. 

“En Aguachica, en el de los pobres (cementerio), pudimos establecer que efectivamente no hay ningún interés investigativo para hacer diligencia de exhumación en los cuerpos que aparecen en el cementerio. Debido a que nuestras actividades investigativas nos permitieron establecer que no hay ningún cuerpo inhumado en condición de CNI que sea objeto de análisis para alguna causa penal”, informó el GRUBE. 

Los miembros de la Fiscalía explicaron que encontraron 221 cuerpos en 50 diligencias realizadas en los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Pueblo Bello, El Copey, Curumaní, La Gloria, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Pailitas, Pelaya, La Gloria, San Diego, Bosconia y Valledupar. De estos, donde más realizaron diligencias fueron en Codazzi con 16 intervenciones y Aguachica con 15. 

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“Hay un total de 20 cuerpos con posible identidad sobre los que estamos esperando únicamente el resultado de genética para proceder a realizar la entrega a los familiares de estas víctimas. Son cuerpos ya orientados y una vez se tenga la plena identidad procederemos a las diligencias”, acotó Juan Carlos Herrera, fiscal del GRUBE. 

 LAS CAPACIDAD FORENSE  

No obstante, el subdirector científico del Instituto de Medicina Legal, Carlos Antonio Murillo, mostró preocupación por los escasos recursos asignados por el Gobierno Nacional para adelantar los trabajos forenses. 

“En el Acuerdo de Paz se planteaba que el instituto como órgano técnico científico de soporte al sistema debía ser fortalecido, pero este año hemos recibido $1.600 millones que no alcanzaron sino para comprar unos poquitos reactivos”, aseveró Murillo. 

Agregó que el panorama es crítico, puesto que todos los reactivos para los procedimientos en restos son importados, además la infraestructura de la entidad es precaria para los trabajos. 

La audiencia se realizó para verificar los trabajos realizados por las distintas autoridades por las órdenes impartidas de la JEP sobre algunos cementerios del departamento del Cesar. 

Esta estuvo presidida por los magistrados Raúl Sánchez, Gustavo Salazar, Alejandro Ramelli y María del Pilar Valencia, miembros de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP.