La fragilidad de la Ley 142 de 1994, rectora de los servicios públicos domiciliarios en nuestro país, ha hecho que las empresas proveedoras del servicio de acueducto y alcantarillado sufran la cíclica amenaza privatizadora de los alcaldes, toda vez que habilidosamente esquivan la responsabilidad directa sobre las fallas en la operación del servicio y administración de los recursos de la empresa.

Hoy el turno es para la Empresa de Servicios Públicos de La Paz-EMPAZ, por cuanto se adelanta una licitación pública tendiente a buscar un operador privado para el cumplimiento de sus actividades misionales y otras ‘complementarias’, no se cuales puedan ser, por un lapso de tiempo de 25 años. Con los consabidos incrementos y cuestionados intríngulis que hoy dejan mal parado el ejercicio de la política.

El fantasma que ronda estas empresas no es nuevo, recuerdo que en mi época de concejal de ese querido municipio estuvo sobre el tapete este tipo de iniciativas, sobre todo porque realmente el servicio era pésimo y la sostenibilidad económica era nula, los meses de deuda con los empleados crecía directamente proporcional a las dificultades de recaudo, precisamente porque el agua no llegaba a los hogares pacíficos.

El concejo de la época lideró grandes jornadas de estudio y debates públicos, en el propósito conjurar el duende privatizador y calificados profesionales de la ingeniería e hijos de La Paz, como Gustavo Gnecco Oñate, Yesith Aroca Zuleta, entre otros, demostraron que técnicamente el sistema de captación y distribución gravitacional en redes era viable y que la gran falla estaba en los entuertos de la administración de la empresa. 

Pasó el tiempo y por gracia de Dios y apoyo de mis paisanos llegué al cargo de alcalde, desde donde, en primer lugar, erradiqué las amenazas contra la empresa y en segundo lugar implementé, bajo la tutoría del ingeniero Yesith Aroca, una serie de estrategias físicas y administrativas para recuperar a EMPAZ.    

Fue así que construimos una bocatoma lateral para evitar que las avalanchas en la captación nos dejaran sin el servicio por varios días, reajustamos las tarifas aplicándole al recibo los subsidios para que la economía familiar no sufriera el incremento, con el presupuesto municipal dotamos a la empresa de los químicos, fortaleciéndola financieramente para que pudiera ir saliendo de los meses caídos con los empleados, sacamos los escobitas a barrer las calles, en fin, estas y otras medidas que se me escapan en el momento, pero que sumadas a una buena gerencia nos ubicaron entre los tres municipios del departamento con continuidad y calidad de agua apta para el consumo humano.

Infortunadamente regresó la crisis. Miles de millones de pesos se enterraron en la ilusión de una buena prestación. Ahora es inminente la privatización de un servicio vital como lo es el suministro de agua potable.

Es el momento de levantarnos como pueblo, los negocios en lo público son repudiables y peor cuando van en contra de la supervivencia humana, como es el caso del líquido vital. Entregar el carácter social del Estado a los particulares, cuya motivación empresarial la determina el frío estado de pérdidas y ganancias, no es nada diferente a criminalizar desde el gobierno un servicio que es obligatoriamente su responsabilidad.

Me pregunto: ¿qué pasará cuando ese ciudadano sin oportunidades no tenga para cumplir con el aumento del recibo del agua?, ¿Será que el particular hará las inversiones en contraposición a sus ganancias o solo nos dejarán el cascarón de empresa al terminar la concesión, como en otras partes?, los otros comentarios no caben en estas cortas líneas, piénsalo. Fuerte abrazo. – 

Por ANTONIO MARÍA ARAÚJO CALDERÓN