Ante un juez se le imputaron cargos al contratista Rafael Zambrano y a Geovanny Mejía, empleado de la Alcaldía de Uribia, por presuntos actos de corrupción en un contrato.
Ante un juez de control de garantías la Fiscalía imputó cargos al contratista Rafael José Zambrano Sille y a Geovanny José Mejía Sánchez, empleado de la Alcaldía de Uribia, por presuntos actos de corrupción en un contrato dirigido a fortalecer la identidad cultural de la población wayuu en el departamento de La Guajira.
Ambos responderán por los delitos de peculado por apropiación agravado, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
La investigación se relaciona a un contrato celebrado en el 2019 entre la Alcaldía de Uribia y un consorcio por valor de $1.123 millones con el fin de suministrar materiales e insumos para el fortalecimiento artesanal del pueblo indígena wayuu.
No obstante, la Fiscalía estableció irregularidades en la factura de venta expedida a nombre del consorcio firmante, que soportaba la inversión realizada de hilos y agujas por un valor de 883 millones de pesos.
“Labores de policía judicial permitieron evidenciar, que el documento carece de validez y no soporta la inversión de los recursos girados, en razón que resultó falso, así lo ratificó el propietario del establecimiento comercial, quien indicó que jamás había realizado esa venta, mostrando que el formato de factura no corresponde al que utiliza su establecimiento”, indicó el ente acusador.
De igual forma determinaron que los presuntos beneficiarios del contrato, es decir las comunidades wayuu de la alta y media Guajira, fueron suplantados.
Ante un juez se le imputaron cargos al contratista Rafael Zambrano y a Geovanny Mejía, empleado de la Alcaldía de Uribia, por presuntos actos de corrupción en un contrato.
Ante un juez de control de garantías la Fiscalía imputó cargos al contratista Rafael José Zambrano Sille y a Geovanny José Mejía Sánchez, empleado de la Alcaldía de Uribia, por presuntos actos de corrupción en un contrato dirigido a fortalecer la identidad cultural de la población wayuu en el departamento de La Guajira.
Ambos responderán por los delitos de peculado por apropiación agravado, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
La investigación se relaciona a un contrato celebrado en el 2019 entre la Alcaldía de Uribia y un consorcio por valor de $1.123 millones con el fin de suministrar materiales e insumos para el fortalecimiento artesanal del pueblo indígena wayuu.
No obstante, la Fiscalía estableció irregularidades en la factura de venta expedida a nombre del consorcio firmante, que soportaba la inversión realizada de hilos y agujas por un valor de 883 millones de pesos.
“Labores de policía judicial permitieron evidenciar, que el documento carece de validez y no soporta la inversión de los recursos girados, en razón que resultó falso, así lo ratificó el propietario del establecimiento comercial, quien indicó que jamás había realizado esa venta, mostrando que el formato de factura no corresponde al que utiliza su establecimiento”, indicó el ente acusador.
De igual forma determinaron que los presuntos beneficiarios del contrato, es decir las comunidades wayuu de la alta y media Guajira, fueron suplantados.