Ayer se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha escogida por la ONU desde 1999, luego de que el 25 de noviembre de 1960, fueran asesinadas las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, a manos de militares de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana.

Pero de nada sirve esta declaratoria si no hay políticas públicas contundentes, que impulsen estrategias en cada uno de los territorios para garantizar los derechos de las mujeres y eliminen la violencia hacia ellas, que se expresa en diversas formas: física, sexual, económica, psicológica y patrimonial; y se da en distintos espacios de convivencia como el hogar, las vías públicas, establecimientos comerciales, centros educativos y lugares de trabajo.

En Colombia, entre enero y octubre, 796 mujeres fueron asesinadas, 38 más que en el mismo periodo de 2017, lo que demuestra que este flagelo no disminuye. En este mismo periodo se registraron 50.120 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, de los cuales 35.894 fueron registrados en el contexto de relaciones de pareja.

Asimismo, entre el 1 de enero de 2013 y a la fecha, según cifras del Instituto de Medicina Legal, 6.084 mujeres fueron asesinadas en el país, destacando a Valle del Cauca, Antioquia y Bogotá, como los departamentos donde más hechos se registraron. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70% de las mujeres víctimas muere a manos de su compañero o excompañero sentimental.

En el marco de esta conmemoración, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, hizo un llamado, no solo a castigar con severidad a quienes cometen estos delitos, sino a la prevención en todos los ámbitos.
La vicepresidenta propuso la creación de la Secretaría de la Mujer en todos los municipios y departamentos del país para, desde las regiones, dar herramientas para su empoderamiento económico, social y educativo que las lleve a ser autónomas y se reduzcan las cifras de violencia contra ellas.

Reveló que a la fecha, 13 municipios han asumido este compromiso: Riohacha y Urumita en la Guajira; Leticia, Amazonas; El Tambo, Cauca; Puerto Rondón, Arauca; Almeidas, Boyacá; Génova y Circasia, Quindío; Salazar de las Palmas, Norte de Santander y Nariño, Sotomayor, Cumbal y Gualmatan en el departamento de Nariño. Destacó que el pasado 7 noviembre la Gobernación de Sucre designó mediante decreto 0715, el funcionamiento de la oficina de la Mujer.

Pero nos sorprende que ningún municipio del Cesar aparece en la lista, aunque en Valledupar, desde la administración municipal anterior se ha venido hablando de la creación de una Secretaría de la Mujer, pero solo ha habido anuncios.

Mientras se concreta una secretaría de la mujer en esta capital deberían mejorarse las acciones de las dependencias ya existentes, como el programa de Equidad de Género de la Oficina de Gestión Social. Consideramos necesaria la creación de la dependencia, pero si no hay un verdadero compromiso político con enfoque diferencial se corre el riesgo de generar más burocracia sin garantías de que mejoren las condiciones para ese género.
La casa refugio para las mujeres violentadas ha sido otra de las propuestas que en la capital del Cesar ha quedado en el papel, que sería bueno se revise su viabilidad por parte de la actual administración.

Es importante que se promulgue entre las mujeres la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra ellas, y se dictan otras disposiciones que en su mayoría no se cumplen. Insistimos, las mujeres deben conocer sus derechos y así poder hacerlos valer.