“Mejor tarde que nunca”, es un dicho popular que aplica a la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la sociedad Electrificadora del Caribe (Electricaribe), lo cual se dio el 15 de noviembre de 2016, luego de cientos de protestas por vías de hecho, procesos jurídicos y propuestas políticas.

Recordemos que la toma de posesión fue motivada al encontrarse incursa en dos de las causales previstas en la Ley 142 de 1994: una situación financiera que puede llevarla a una inminente cesación de pagos y no estar en condiciones de prestar un servicio con continuidad y calidad debida. Se nombró a un agente interventor con el objetivo de asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Es así como luego de surtir la etapa de observaciones y comentarios, el agente interventor de Electricaribe avanza con el proceso de búsqueda de un inversionista-operador para el sistema de distribución y comercialización de energía eléctrica en los siete departamentos de la región Caribe.

Ayer se conoció que el próximo 2 de noviembre es la fecha clave para la escogencia del operador. Ese día esperamos que se presenten empresas interesadas en operar el sistema y que en los primeros días de marzo se escoja a la que cumpla con las condiciones técnicas y financieras para hacer la inversión de $7 billones que se requieren en los próximos 5 años.

Pero no hay que descartar la posibilidad de que no haya proponentes, teniendo en cuenta que luego de 18 años de operaciones, Electricaribe argumenta que el negocio no es rentable por las millonarias inversiones que requiere la infraestructura eléctrica de la región y la difícil recuperación de cartera con los usuarios morosos, principalmente en los sectores subnormales.

En caso de que eso suceda, el plan B es que el Gobierno retome la prestación del servicio de energía y haga las inversiones necesarias, lo cual es complicado teniendo en cuenta las precarias finanzas que recientemente ha presentado el Ministerio de Hacienda. Además se corre el riesgo de la politiquería vuelva a traer la crisis que hace dos décadas le abrió las puertas a la empresa privada Electricaribe.

Mientras llega el día, la Superintendencia de Servicios Públicos seguirá manejando la empresa, la cual ha tenido mejoras en el recaudo y en reducción de las interrupciones, según el agente interventor, Javier Lastra Fuscaldo.

Por el momento hay un recurso de $860.000 millones para inversiones a corto plazo en el sistema gracias a dos documentos Conpes para un plan de inversiones que será ejecutado en los próximos meses. Una parte de los recursos, $125.000 millones, corresponden al documento Conpes que fue aprobado por el Gobierno nacional en noviembre de 2017 por $320.000 millones.

Así las cosas, hay que tener claro que en este asunto debe haber una responsabilidad compartida; el Estado regulando, la empresa invirtiendo para prestar un buen servicio y los usuarios pagando por la energía que consumen.